Medios ecuatorianos se hicieron eco este martes del anuncio de la CIJ, que fijó esas fechas para que la nación sudamericana entregue información relacionada con la estadía del exvicepresidente Jorge Glas en la sede diplomática mexicana, asaltada por uniformados el 5 de abril pasado.
También México deberá aportar a los magistrados datos sobre su denuncia contra Quito por la invasión a su espacio.
Ese hecho, que provocó el repudio de la comunidad internacional, conllevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países y a sendas demandas ante el órgano de justicia de Naciones Unidas.
El 11 de abril México acusó a Ecuador ante la CIJ, con sede en La Haya, Países Bajos, por infringir las normas internacionales sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
El Gobierno de Ecuador, por su parte, justificó el allanamiento, un acto que calificaron de excepcional y aislado que buscaba detener a un “delincuente común”, en referencia a Glas.
La CIJ también recibió una acusación de la nación andina contra México por incumplir las reglas sobre el asilo político, la violación en los principios de igualdad soberana y la vulneración sobre la obligación de cooperar en asuntos anticorrupción.
En mayo pasado, la Corte negó el pedido de imponer medidas cautelares contra Ecuador, aunque las demandas aún están en curso y el fallo definitivo demorará años.
Entretanto, el exvicepresidente Glas permanece detenido en una cárcel de máxima seguridad de la ciudad de Guayaquil en medio de preocupaciones por su salud.
Un comité internacional busca devolverle al político, militante de la Revolución Ciudadana, el estatus de asilado.
El coordinador de ese comité, Sacha Llorenti, exsecretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), declaró recientemente que el exvicemandatario es un “rehén político” del gobierno de Daniel Noboa.
npg/avr
