Luego de debatirse en dos comisiones de la asamblea, en sesión plenaria ese órgano aprobó la propuesta, que pasará ahora a la Cámara de Diputados e incluye como agravante el uso de herramientas tecnológicas por parte de los depredadores.
La versión contempla rangos dependiendo de las circunstancias que concurran en cada caso, con penas que van desde cinco años hasta 28.
Busca sancionar los abusos sistemáticos, la posible relación familiar entre el abusador y la víctima, los maltratos físicos o psicológicos para lograr los objetivos y otras conductas como la depravación, que recibiría la pena máxima.
Senadores de diferentes tendencias políticas alertaron sobre la necesidad de paralelamente trabajar en programas de educación, y alertas a la población infantil y las familias de manera que permitan de manera expedita canalizar denuncias o peligros de que se produzcan acciones de abusos a menores.
En Paraguay se producen sistemáticos casos de abuso sexual, que motivaron incluso en junio pasado marchas en plena capital exigiendo a las autoridades mayores castigos para los delincuentes, políticas públicas de protección para niños y adolescentes, y la agilización de los procesos judiciales que a veces demoran años en concretarse.
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