La estatal Petroecuador deberá dejar de extraer el crudo del Bloque 43 ITT, situado en la provincia de Napo, al finalizar este mes de agosto, según determinó la Corte Constitucional y la mayoría de los ecuatorianos lo respaldaron en una consulta popular en 2023.
Mientras muchos celebran la decisión, que indudablemente contribuirá a proteger la flora y la fauna de una de las áreas más biodiversas del planeta, el experto petrolero Miguel Robalino, señaló en entrevista con la emisora Radio Pichincha que las consecuencias económicas serán desastrosas.
Explicó que técnicamente es imposible cerrar el ITT de forma sencilla y dejar bajo tierra las reservas de cinco mil millones de barriles.
De acuerdo con Robalino, desmontar el bloque costaría mil 300 millones de dólares y podría demorar hasta 17 años.
El ITT es el campo con mayor proyección de Ecuador, compuesto por tres áreas: Tiputini, Tambococha e Ishpingo, con partes ubicadas dentro del Parque Nacional Yasuní y la zona de amortiguamiento, donde transitan pueblos no contactados, como los Tagaeri y Taromenane.
Aunque el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, llegó a decir que pediría una prórroga para continuar la explotación petrolera en ese campo, en mayo pasado decretó la creación del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular del Yasuní ITT.
Por ahora no se ha hecho público un cronograma sobre cómo será el proceso para desmontar la maquinaria y recuperar el terreno.
Entretanto, el debate sobre un cambio de modelo económico que supere el extractivismo está sobre la mesa de cara a las elecciones de 2025.
Así se evidenció este miércoles en un encuentro con dirigentes de organizaciones políticas de izquierda en busca de alianzas con vistas a los comicios.
En la reunión, el coordinador del movimiento Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, reconoció que es imposible cerrar todos los pozos petroleros de la noche a la mañana, pero instó a pensar en un modelo de transición sustentable.
El economista ecuatoriano Alberto Acosta, exministro de Energía, planteó en sus redes sociales que alternativas de financiamiento para esa transición existen y en su opinión la clave es una política tributaria sustentada en el principio básico de quien más gana y más tiene, más contribuye.
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