Con la reapertura del Parlamento, que convocó cinco veces a sus integrantes con carácter extraordinario durante la pausa, los legisladores deberán abordar la elección del director del Instituto de la Defensa Pública Penal, quien tomará posesión el próximo día 6.
Por ver están las interpelaciones a los ministros de Gobernación, Francisco Jiménez, y de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, vinculadas con la inseguridad y el voto en la ONU en favor de Palestina, respectivamente.
Los legisladores tienen previsto además un juicio político el 8 venidero a la titular de Cultura y Deportes Liwy Grazioso por la baja ejecución presupuestaria, manejo y devolución de piezas arqueológicas a la fundación Ruta Maya y otras.
Está pendiente la hora y fecha para interpelación contra el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Félix Alvarado por la gestión del organismo.
Antes de concluir el primer período la oposición logró postergar la aprobación de la Ley de Competencia, mientras sobre la mesa quedó la reforma a la de Clases Pasivas, los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, entre otras.
También irresuelta la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público presentada por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en aras de lograr la luz verde para sacar del cargo a la fiscal general, Consuelo Porras.
El Gobierno presentó al Congreso la solicitud de una ampliación al Presupuesto del Estado vigente en el presente ejercicio fiscal, sin embargo, la víspera la Comisión de Finanzas descartó esa posibilidad.
No obstante, otro asunto que se presentará en los primeros días del cercano septiembre es la propuesta del monto de la nación por dependencias (egresos e ingresos) para 2025.
Marcarán asimismo la agenda la elección de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los 135 de la Corte de Apelaciones, así como la de la Junta Directiva del propio Congreso para el período 2024-2025.
Entre el 14 de enero pasado y el 15 de mayo el Legislativo conoció 86 iniciativas de Ley y aprobó 12 decretos, en tanto su directiva calificó de avances las acciones ejecutadas de ese tiempo a esta fecha.
Mencionó las aprobaciones alcanzadas, los 20 dictámenes emitidos por las diferentes salas de trabajo y la labor individual de los 160 diputados en fiscalización e intermediación.
Expertos locales señalaron los frentes abiertos contra la actual administración del país, entre ellos, la Corte Constitucional, el Ministerio Público y el propio Congreso.
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