El Ejecutivo uruguayo consideró al candidato opositor venezolano Edmundo González ganador en las elecciones del último domingo, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de aquel país, confirmó la reelección del presidente Nicolás Maduro.
Fue una jornada de fin de semana a la uruguaya, en la cual los medios de información divulgan menos noticias, pero no en el caso de Venezuela.
Lo que ocurre en ese país ocupa aquí más espacios informativos que el hallazgo de restos que podrían corresponder a uno, o una, de tantos desaparecidos por la última dictadura militar.
El último martes en el Batallón 14 de Infantería en Toledo, departamento de Canelones, fue desenterrada la osamenta de una de las víctimas del régimen de facto que gobernó aquí de 1973 a 1985.
Ello reavivó los reclamos para que el gobierno demande a las Fuerzas Armadas la información sobre el destino de las víctimas sin hallar de la dictadura.
Ajeno a eso, el canciller uruguayo, Omar Paganini, consideró abrumadora la información disponible en sus manos para concluir que el candidato opositor venezolano Edmundo González, se impuso en aquellos comicios.
Resultó más de la posición que adelantó el presidente Luis Lacalle Pou, quien al filo de la madrugada siguiente a esas elecciones dio por seguro el resultado que comparte con la postura de Estados Unidos y algunos gobiernos afines en la región.
Luego Paganini dijo que el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela no fue capaz de mostrar las actas que confirmaran su victoria.
Pareciera un interesado desconocimiento del sistema electoral venezolano y de las leyes de ese país.
El CNE, por ley, tiene hasta 30 días para divulgar el escrutinio de los votos.
En el caso que nos ocupa fue atacado en su mejor modalidad, la digitalización de un sistema reconocido internacionalmente en múltiples comicios.
Parece irrelevante o desconocido al gobierno uruguayo que el candidato Maduro pusiera en manos del Tribunal Supremo de Justicia la validación de los comicios.
Para Paganini los argumentos son varios: el “régimen de Nicolás Maduro” no fue capaz, de mostrar las actas detalladas que ratifiquen el triunfo y, segundo, que la oposición sí lo hizo.
Resulta el aplauso, a “priori”, del sitio web que puso en línea la verdadera candidata opositora en esos comicios, María Corina Machado, quien tiene desde hace años apoyo y recursos foráneos para el propósito de desbancar a la Revolución bolivariana.
Machado asegura estar en la “clandestinidad”, una situación poco creíble para lo que ella y el gobierno de Lacalle Pou consideran sobre un “régimen dictatorial” en aquel país.
Desde ese “refugio”, proclama que con el 100 por ciento de las actas, su apadrinado se lleva el 70 por ciento de la elección.
A la par, el gobierno uruguayo desconoce que, en su segundo parte, el CNE de Venezuela consignó que Nicolás Maduro recibió el 51,95 por ciento de los votos, contra el 43,18 por ciento de su más cercano rival.
Ocurre en Venezuela, bien lejos de Uruguay, cuando en este país aparecieron restos humanos en predios del Batallón 14 de Infantería, cerca de esta capital, a todas luces un cementerio clandestino plantado por la última dictadura militar.
En ese propio terreno hace un año fueron desenterrados despojos de la militante comunista Amelia Sanjurjo, y todo parece indicar que no resultará el último descubrimiento de detenidos desaparecidos, de los más de 190 por encontrar en este país.
En terrenos del batallón 14 de infantería fueron hallados el 21 de octubre de 2011 los restos del maestro Julio Castro.
A pocos metros de donde estaba enterrado Castro, el 15 de marzo de 2012, aparecieron los de Ricardo Blanco, militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y activista sindical.
Todo un tema incómodo para el gobierno de Lacalle Pou.
De hecho el Ejecutivo uruguayo se escandalizó por la propuesta, que gana espacio, para que ese predio pase a jurisdicción de la Institución Nacional de Derechos Humanos, fuera del ámbito castrense.
Con estas luces y sombras es de pensar que los ultimados y enterrados de manera ilegal en Uruguay merecen menos urgencia en la agenda del gobierno, al menos frente a los acontecimientos en Venezuela.
Ello pese a los reclamos de la agrupación de Familiares de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que hoy busca identificar a otro de los suyos.
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