En su comunicado, la organización sindical alerta que la iniciativa busca dejar impunes delitos comunes contra la administración pública, como blanqueo de capitales, peculado y corrupción y está lejos de referirse a delitos políticos.
En ese sentido, la CNTP llamó a un movimiento cívico ciudadano que defienda el adecentamiento de la sociedad y el respeto a las leyes y la Constitución de la República.
La pasada semana, el diputado del oficialista partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho presentó el anteproyecto de ley que para algunos analistas se trata de una aberración jurídica que busca beneficiar al expresidente panameño, Ricardo Martinelli(2009-2014), condenado por blanqueo de capitales por el caso de New Business y asilado desde el 7 de febrero último en la embajada de Nicaragua.
El proyecto establece definiciones para la amnistía, la cual es una gracia que beneficia a una persona vinculada a un delito político, cuyo otorgamiento es privativo del Órgano Legislativo que extingue la acción penal y la pena, según su argumentación.
Mientras que el indulto sería una causa de extinción de la acción penal y la pena, de carácter individual, cuya potestad corresponde al presidente de la República con el ministro de Gobierno y es aplicable cuando se cometan delitos políticos según lo define ese anteproyecto.
Sobre el asunto, el exfiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, indicó que si bien el parlamento tiene la potestad de modificar Códigos, esas modificaciones no pueden ser impuestas.
Según alertó, lo que pretende Camacho es que todos los delitos cometidos por un político, funcionario público o por quien aspira a un cargo de elección popular, sean considerados un delito político, lo cual es absurdo.
Rodríguez manifestó además que si esta propuesta del llamado “amigo fiel “ de Martinelli es aprobada por la Asamblea Nacional ( parlamento unicameral), la misma debe ir después al Órgano Ejecutivo y si es sancionada tendría que someterse al rigor de una revisión de control judicial constitucional.
En reciente conversatorio con la prensa, el propio presidente de Panamá, José Raúl Mulino señaló que, en su momento, estudiará la propuesta como corresponde reiterando que su actuar será “en función de la ley” .
Aclaró que esa ley no tiene su aprobación y que a pesar de que fue presentada por la bancada del partido que lo postuló en las presidenciales no ha participado ni hablado nada del tema con ningún diputado.
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