De acuerdo con el informe del Ministerio de Seguridad (Minseg), el titular de esa cartera, Frank Ábrego; y su par colombiano, Alexis Ábrego, presenciaron la firma de ese acuerdo en las instalaciones de inteligencia policial de la vecina nación.
A la autoridad panameña lo acompañaron el director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Jorge Gobea; y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.
El acuerdo se concreta un mes después de que el nuevo presidente panameño José Raúl Mulino anunciara medidas como el cierre de varios pasos en la jungla y firmara un pacto con Estados Unidos para iniciar la deportación de los caminantes a sus países de origen.
Según el Minseg, muchos viajeros ilegales no portan documentos de identidad, por lo que tuvieron que recurrir a métodos alternativos como sus huellas dactilares para registrar a personas vinculadas a distintos delitos, entre ellos el terrorismo, que no fueron identificadas por las autoridades colombianas a su paso por el país suramericano.
Ábrego señaló el mes pasado que notificarían a Bogotá sobre la implementación de una ruta segura para el paso de migrantes, con el objetivo de protegerlos de cualquier tipo de agresión, al tiempo que aclaró que no existía en la zona limítrofe un puesto de migración binacional.
Los esfuerzos por concretar una mejor coordinación de las personas que salen de Colombia e ingresan a Panamá se desarrollan desde la administración del presidente Laurentino Cortizo (2019-2024), pero sin los resultados esperados, añade el rotativo.
Estadísticas de Senafront señalan que de los más de 200 mil viajeros ilegales que han transitado por la jungla en lo que va de año un alto porcentaje viaja indocumentado.
A pesar de los peligros naturales que ponen en riesgo la vida y el acoso de grupos criminales, en 2023 cruzaron la jungla más de 520 mil migrantes irregulares, un 20 por ciento infantes.
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