Esta segunda solicitud ante la también llamada Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) busca autentificar en particular los artículos 2, 4 y 5 del proyecto de ley, cuyo texto íntegro ya fue declarado en esa instancia contrario a la Constitución.
El pedido del TSE está amparado por los artículos 96 inciso d) y 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, invocados en este caso para determinar si el texto propuesto por el Gobierno para una presunta consulta popular obra de acuerdo con la Constitución Política vigente en el país.
La institución electoral, que comunicó antes su decisión de esperar para pronunciarse la redacción integral sobre una sentencia de inconstitucionalidad de la Sala IV, junto al informe de a Asamblea Legislativa, decidió proceder con la consulta tras la solicitud de dos diputados gestores de la iniciativa.
Esos parlamentarios pidieron retirar la primera versión del proyecto de ley y sustituirlo por una nueva versión concebida por el Ejecutivo, cuya presentación ante el plenario tras ser declarada inconstitucional por la Sala IV originó el rechazo de diputados defensores de los mecanismos fiscales desconocidos por la citada Ley.
Los argumentos del principal de estos últimos, la Contraloría General de la República, constituyeron importantes elementos técnicos incluidos en esta segunda consulta, mediante la cual sus defensores buscan asegurar la legitimidad del proyecto antes de someterlo a referendo.
El TSE remitió también el texto a la Asamblea Legislativa para que su Departamento de Servicios Técnicos lo evalúe de manera formal, conforme con la Ley de Regulación del Referendo.
El anuncio sobre el envío del texto a archivo por el alto tribunal, que ya el 29 de julio lo declaró “inconstitucional” y el gobierno reaccionó un día después con una nueva versión, interrumpió un debate parlamentario de varias semanas, agudizado por la propia presentación del otro texto, según el diario Delfino.cr.
La entidad defensora de la carta magna respondió así a una primera consulta suscrita por diputados de los partidos Liberal Progresista y Liberación Nacional, sobre si era o no legal el texto de la Ley, implementado para aprobarlo en un referendo.
Las reiteradas críticas al proyecto por diputados, funcionarios y mecanismos fiscalizadores como la propia Contraloría contra el intento oficial de pasar un nuevo proyecto legislativo originaron una de las principales polémicas nacionales de los últimos tiempos.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, se sumó a las críticas de numerosos miembros de esa instancia contra la segunda formulación del proyecto presentada por el Ejecutivo.
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