Aparecen como acusados en esta solicitud, por daños morales y materiales, Eric Prates Kobayashi, Andre Luiz Barreto Rocha, Gisele do Rocio Bejes, Jaqueline Freitas Gimenez y Osmar Hilebrand.
El abogado general de la Unión, Jorge Messias, explicó que otras acciones indemnizatorias deberán ser propuestas por la AGU como consecuencia de las afectaciones causadas por otras personas también sancionadas penalmente por el Supremo Tribunal Federal (STF).
«Seguiremos firmes en nuestra misión de reparar los daños causados por los agresores de la democracia y garantizar la integridad de las instituciones democráticas», alegó.
La institución responsable de la representación, control y vigilancia jurídica de la Unión hizo su reclamo a la octava Corte Federal de la Sección Judicial del Distrito Federal y los valores deberán ser pagados por los ejecutores de los episodios antidemocráticos.
«El AGU también pide, a través de las acciones, la conversión en renta para las arcas públicas del valor de 1,240 millones de reales (unos 230 millones de dólares) ya bloqueado en el ámbito de las acciones civiles públicas previamente», indica una nota de la entidad.
Solicita, además, la transferencia a la Unión de la propiedad de siete vehículos, cuatro motocicletas y dos bienes inmuebles pertenecientes a los acusados que ya estaban inaccesibles por la justicia.
De acuerdo con la AGU, «los daños materiales se calcularon sobre la base de documentos oficiales y sumados por el Senado Federal, por la Cámara de Diputados, por la Casa Civil de la Presidencia de la República y por el STF, se llega a un valor de 26,2 millones de reales (casi cinco millones de dólares)».
Bajo gritos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) invadieron y saquearon el 8 de enero de 2023 las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Desde septiembre, el STF condenó al menos 256 personas involucradas en las acciones extremistas y absolvió a una. Las penas varían entre 12 y 17 años de prisión.
El Supremo recibió en total mil 345 denuncias. De esa cantidad, mil 113 fueron suspendidas para que la Procuradoría General de la República evalúe si va a proponer acuerdos que eviten el correctivo.
Al dictar las condenas, el STF estableció el pago de una multa de 30 millones de reales (5,5 millones de dólares), dividido entre todos los acusados, por daños colectivos.
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