“Mis interlocutores, entre ellos varios jueces, me han señalado que existe una justicia para ricos y otra para pobres, y que las experiencias de los usuarios dependen de sus medios económicos, clase social y conexiones”, señaló en un informe emitido tras su visita al país.
Advirtió que los primeros se benefician de un sistema eficaz que permite la tramitación acelerada de sus causas hasta evitar las penas de cárcel, mientras, los menos afortunados se ven atrapados en largos procedimientos y reciben sanciones más duras.
“Esta experiencia diferenciada se agrava cuando las dificultades económicas se entrecruzan con la discriminación, y los perfiles raciales obstaculizan el trato justo a las comunidades de pueblos indígenas, migrantes y afrodescendientes”, denunció.
Satterthwaite, quien estuvo dos semanas a Chile, se reunió con representantes del Gobierno, el Congreso Nacional, con jueces, fiscales, abogados y organizaciones de la sociedad civil, como las personas LGBT, afrodescendientes y con discapacidad.
Para algunos grupos los problemas son graves, como los inmigrantes que se enfrentan a la separación familiar cuando no pueden pagar u obtener asistencia jurídica.
Los indígenas carecen de reconocimiento en la Constitución, enfrentan retos en relación con sus tierras y territorios y muchos no ven la forma de hacer valer sus derechos humanos básicos a través del sistema legal, denuncia el informe.
La representante de ONU expresó su alarma porque numerosos detenidos mapuches recurren a huelgas de hambre y consideró que acciones tan drásticas deberían ser poco frecuentes en un sistema bien desarrollado y con capacidad para tratar a todos por igual.
Explicó que los problemas no se limitan a los más vulnerables, en una sociedad desigual donde el uno por ciento de la población posee el 49,6 por ciento de la riqueza.
Las investigaciones demuestran que la clase media empobrecida también presenta dificultades para obtener asistencia legal ya que a menudo no puede permitirse el elevado costo de un abogado privado.
Si bien destacó el trabajo realizado aquí para superar el legado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), expresó su consternación porque muchos casos de torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones siguen pendientes.
También manifestó su preocupación por el lento avance de los procesos relativos al uso excesivo de la fuerza y torturas por parte de Carabineros durante el estallido social de 2019, donde hubo unos 30 muertos y miles de heridos, entre ellos más de 400 con daños oculares.
La relatora hizo referencia además a las recientes acusaciones de tráfico de influencias en los nombramientos para la Corte Suprema y la Fiscalía General.
Señaló la urgencia de reformar el sistema de nombramientos de cargos y de garantizar servicios accesibles y de alta calidad para generar una mayor confianza y legitimidad en el sistema judicial.
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