El Diario El Salvador cita al sociólogo y analista René Martínez quien opinó existió “una cultura de la violencia durante las tres décadas del bipartidismo. Cuando se les preguntaba a los salvadoreños cuál era el principal problema, siempre dijeron que era la delincuencia”.
Luego de alcanzar sonados éxitos en el enfrentamiento a las pandillas, el gobierno del presidente Nayib Bukele prosigue la ofensiva con la detención de cerca de 82 mil presuntos integrantes o colaboradores de esos grupos. En ese sentido, este lunes la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que juzgará a dos mil 74 pandilleros del occidente del país en su proceso único.
Detalló la entidad que entre los procesados hay cabecillas, líderes de células, miembros de bajo rango y colaboradores, a quienes se les acusa por integrar «agrupaciones ilícitas, lavado de dinero y activos, daños, amenazas, portación ilegal de arma de fuego y tráfico ilícito».
El proceso se celebrará en los Tribunales Contra el Crimen Organizado de Santa Ana, en el oeste del país, donde fue presentada la acusación.
Los pandilleros operaban en los departamentos occidentales de Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana y fueron apresados en el marco de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, que autoriza arrestos sin orden judicial.
Las clicas o células a las que pertenecían los reos eran las Miravalles Locos Salvatruchos, Acajutla Locos Salvatruchos, ambas del Programa Ahuachapán, y Normandie Locos Salvatruchos, del Programa Normandie.
A través de un decreto legislativo de agosto de 2023, la Fiscalía fue autorizada a someter a imputados bajo el régimen de excepción a «un solo proceso penal» por pertenecer a una misma pandilla, un procedimiento criticado por grupos defensores de los derechos humanos porque no permite un proceso justo en defensa de los presuntos delincuentes.
Relacionado con estos procesos, la Asamblea Legislativa estudia crear más tribunales contra el crimen al estudiar una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que impulsa estos espacios.
Para ello, propone enmendar la ley orgánica judicial relacionada con la conversión, supresión, creación y ampliación de competencias de las sedes judiciales en los departamentos de Santa Ana, San Salvador y San Miguel.
El proyecto fue presentado a la Asamblea Legislativa a finales de julio y plantea que los juzgados de Paz y de Instrucción en varios distritos de los tres departamentos mencionados se conviertan en tribunales contra el crimen organizado.
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