El líder parlamentario aclaró en un encuentro al que asistió el presidente Rodrigo Chaves que los diputados presentan sus mociones sobre esas iniciativas, después estas vuelven a la comisión que las suscribió, en busca de otro texto, y luego “hay que hacer consultas” entre las fuerzas políticas hasta aprobarlas.
“La Asamblea Legislativa es un tema complejo, lo reconozco y quisiera que tuviéramos consenso sobre los proyectos, pero hay que negociarlos”, sostuvo Arias en una reunión sobre propuestas de ley de seguridad con presidentes de los Supremos Poderes y miembros del Congreso.
La política no es imposición –sentenció- el proyecto de prisión preventiva, por ejemplo, estará pronto listo, y después los demás, subrayó Arias sobre esa y otras propuestas aun no votadas, como la controvertida Ley Jaguar, defendida por el Gobierno y declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Pero aquí hay temas –cuestionó- que son responsabilidad del Poder Ejecutivo, como el de la construcción de cárceles, y otros muchos respecto a la prevención de delitos, “que es realmente lo que evita el crimen”.
Arias le recordó a Chaves en esa reunión en el Congreso que los diputados “tienen derecho de enmienda, por lo que aquellos proyectos que lleguen con roces de inconstitucionalidad pueden ser corregidos”.
Las discrepancias entre el Legislativo y el Ejecutivo sobre los proyectos de ley aumentaron luego de la reelección el primero de mayo del presidente de la Asamblea Legislativa, por tercera vez consecutiva, tras lo cual el mandatario insistió en celebrar un referendo con el tema central de la entonces naciente Ley Jaguar.
La propuesta de norma, bajo el expediente 24.364, consiste en reformar las Leyes Orgánica de la Contraloría General de la República, General de Control Interno, de Contratación Pública y Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica.
El proyecto sometido el 5 de junio a la Asamblea Legislativa bajo el nombre de «Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica» despertó discrepancias entre los legisladores.
Estas últimas incluyeron la de la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, quien alertó que el texto se concentra «casi por completo» en desmantelar las competencias y funciones de esa entidad fiscalizadora de la Hacienda Pública.
Las dudas despertadas sobre la ilegalidad o no de la propuesta de legislación condujeron a los diputados a consultar el tema ante la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia, que el 29 de junio la declaró inconstitucional, a lo que el Gobierno respondió con una nueva versión.
Este segundo texto fue también impugnado por algunos legisladores, por lo que el Tribunal Supremo de Elecciones elevó el 9 de agosto a la Sala IV otra consulta de constitucionalidad sobre la Ley Jaguar.
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