Mediante su perfil en la red social X, el Ejecutivo exigió el debido proceso y remarcó que la integrante de esa agrupación política ganadora de los pasados comicios enfrenta una persecución por parte del ente investigativo.
Estas maniobras, expresó la víspera en la tarde noche el Gobierno, se han reactivado contra autoridades electas y funcionarios de la administración nacional.
“El ataque de la minoría corrupta en contra de Ligia Hernández solo demuestra lo que el pueblo entero de Guatemala ya sabe”, remarcó a través de un comunicado.
También, agregó, lo que muchos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido: que actores antidemocráticos atrincherados en el MP buscan atacar instituciones y afectar la seguridad del país.
El Ejecutivo rechazó estas acciones y aseguró que acompañará a la Directora del Instituto de la Víctima “quien, valientemente, enfrenta cargos de casos espurios, bajo investigaciones reservadas con secreto y sin apego a nuestras leyes”.
Las pesquisas de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y las actuaciones del juez Fredy Orellana no tienen ninguna credibilidad, puntualizó en el texto.
Por eso, acotó, estamos convencidos de su inocencia y la de cualquier otro imputado en los casos que estas agencias plantean.
“Nos mantenemos firmes en nuestra defensa de la justicia y la legalidad, y ofrecemos nuestro apoyo incondicional a Ligia Hernández y a su familia”, aseveró el Gobierno.
El MP informó este martes en la tarde la detención de la exdiputada debido a “evidencias obtenidas durante una investigación exhaustiva y rigurosa”, por la posible comisión del delito de financiamiento electoral no autorizado.
Organizaciones sociales y analistas señalan aquí desde el 2023 lo inaudito de un caso declarado “bajo reserva”, la persecución continua contra el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y su fuerza política, así como la violación por parte de la Fiscalía de la Ley Electoral.
El entonces mandatario electo denunció que la Fiscal General y titular del MP Consuelo Porras encabezaba un intento de golpe de Estado para evitar que tomara posesión el 14 de enero de este año.
Arévalo ha enfrentado en estos más de seis meses un camino lleno de obstáculos e incertidumbre debido a la oposición por parte de la Fiscalía, que, insiste, su partido fue conformado en 2018 con firmas falsas.
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