El ministro de Justicia, Eduardo Arana, dijo que la norma “es un hecho consumado” tras su aprobación por el Congreso de mayoría conservadora, sin que el Ejecutivo la observe o la critique, y su aplicación queda librada al criterio de los magistrados.
Los jueces, indicó, deben decidir si la acatan o no, pero en el segundo caso considerando los compromisos internacionales que obligan a Perú a sancionar los delitos de lesa humanidad sin que puedan prescribir, y agregó que en tal caso los afectados podrán apelar al Tribunal Constitucional (TC), afín al Parlamento.
En su edición de Internet, el diario La República afirma que la declaración es una “lavada de manos” del Gobierno y un intento de minimizar su responsabilidad en el tema, por inacción.
Además de colisionar con la justicia supranacional a la que está adscrito el país, la ley es rechazada por la Junta de Fiscales, que pidió al TC que la declare inconstitucional y argumentó que frustrará aproximadamente 600 casos de violaciones de derechos humanos como matanzas, desapariciones y torturas, entre otras.
Sobre esos reclamos, Arana dijo que el Gobierno se mantiene al margen de las acciones que puedan tomar los opositores a la norma y alegó que no la promulgó el Ejecutivo, sino el Parlamento.
La Conferebcia Episcopal calificó como inaceptable la ley que declara prescritos los casos anteriores a julio de 2022, cuando Perú se adhirió a la Corte Penal Iternacional.
Los religiosos llamaron a las autoridades, a los organismos tutelares del Estado de Derecho y a la sociedad civil organizada, a accionar los mecanismos constitucionales para obtener la nulidad de la norma para que las víctimas alcancen justicia y reparación.
El general retirado Luis Pérez Documet pidió acogerse a la ley y que quede sin efecto la condena de 15 años de cárcel que le fue aplicada como autor mediano de la desaparición, en 1991, del profesor César Hilario Trucios. También está implicado en la matanza, en 1992, de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta.
Tropas al mando de Pérez, que resguardaban el centro de estudios, dieron luz verde al ingreso del Grupo Colina, un destacamento ilegal dedicado a la ejecución extrajudicial de supuestos terroristas y que secuestró y asesinó al catedrático y los alumnos.
Varios integrantes del Grupo Colina y el expresidente Alberto Fujimori, condenado por esa y otra matanza de civiles y sometido a juicio por una tercera, han pedido la prescripción de los casos respectivos.
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