Esta semana, la vicemandataria denunció a Noboa ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunta violencia política de género.
Abad también acusó en el documento a la canciller Gabriela Sommerfeld, al viceministro de Gobernabilidad Esteban Torres y a la asesora presidencial Diana Jácome.
Al comparecer recientemente ante una comisión del Legislativo, que investiga irregularidades en la administración pública durante el actual mandato de Noboa, Abad negó haber recibido dinero de la campaña en las elecciones anticipadas de 2023 para su beneficio personal.
En ese espacio insistió en que ha sido víctima «de violencia política de género», de «persecución política» y sentenció que asumirá la presidencia como lo manda la Constitución, cuando el actual mandatario pida licencia si finalmente se postula para hacer campaña con vistas a la reelección en 2025.
Luego de la demanda de Abad, el gobernante la acusó de intentar destituirlo de su cargo e impedir que participe en las elecciones generales de febrero del próximo año.
“Quiere al Presidente de la República fuera del poder, para que ella asuma ese cargo. Si quedaba alguna duda de sus intenciones, hoy al fin se le cayó la máscara», expresó Noboa en un comunicado.
La pretensión de denuncia presentada por Abad ante el TCE pide la destitución del cargo de Noboa y la suspensión de derechos de participación por cuatro años.
Sin embargo, el juez Fernando Muñoz, del TCE, dio dos días de plazo para que Abad detalle “los fundamentos de derecho” y amplíe “la expresión clara y precisa de los agravios que causan los hechos anunciados”.
De acuerdo con Muñoz, recientemente removido de su cargo de titular del TCE, Abad sí “cuenta legitimidad activa para plantear la presente denuncia”, pues se encuentra en goce de sus derechos políticos.
Las desavenencias entre los dos principales jefes del Ejecutivo ecuatoriano se evidenciaron desde la elección del binomio y luego, el 8 de diciembre de 2023, a pocos días de asumir el cargo, Noboa envió a Abad a Tel Aviv como embajadora y colaboradora para la paz.
En medio de ese contexto, las diferencias entre el presidente ecuatoriano y la Asamblea nacional también se acentuaron luego de que el mandatario ordenara a sus ministros no asistir a las comparecencias convocadas por el Parlamento.
En declaraciones al diario digital Primera Plana, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, afirmó que por disposición del Ejecutivo los ministros ya no asistirán a las comparecencias en el Legislativo. “Es un tema de persecución, de hostigamiento», dijo.
El viceministro mencionó que, en casos puntuales, los funcionarios de Gobierno “sí irán a la Asamblea por temas técnicos”.
Torres cuestionó el papel que asumió la Asamblea en contra del Gobierno. La Asamblea se cayó cuando decidió golpear al presidente de la república obviamente por un tema electoral, añadió.
Mientras tanto, los asambleístas rechazaron la disposición de Noboa y aseguraron que el Legislativo insistirá en pedir cuentas a los ministros.
“Si hacen su trabajo no tienen por qué temer”, señaló el asambleísta independiente, Jaime Guevara.
Por su parte, el legislador Otto Vera, del Partido Social Cristiano, reiteró que la disposición del Gobierno para que los ministros no comparezcan ante la Asamblea marca un fraccionamiento. “Es un muy mal mensaje para la democracia”, agregó.
Las pugnas entre el Legislativo y el Ejecutivo de Ecuador tienen lugar luego de que a inicios del mandato de Noboa existiera un acuerdo a favor de la gobernabilidad entre la bancada oficialista Acción Democrática Nacional, el movimiento Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano.
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