Tal aprieto entre las partes emergió por la interrupción en la entrega de las llamadas enmiendas Pix, una especie de «transferencia sin transparencia que elude la supervisión», facilitando gastos ineficientes, improbidad administrativa y corrupción.
La idea de Lula es delinear una estrategia junto a los parlamentarios antes de reunirse con los timoneles de la Cámara de Diputados y Senado, Arthur Lira y Rodrigo Pacheco, respectivamente.
Se espera que participen en la primera cita los líderes del Gobierno en la Cámara baja, José Guimarães, en el Senado, Jaques Wagner, y en el Congreso, Randolfe Rodrigues.
El viernes, el pleno virtual del Supremo Tribunal Federal decidió refrendar la decisión del ministro Flávio Dino, quien suspendió el pago de las enmiendas impositivas, incluyendo las Pix.
De acuerdo con líderes del Gobierno, escuchados de manera reservada por medios locales, la crisis desencadenada por el Poder Judicial puede afectar directamente al Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
La preocupación es que el Congreso apruebe un presupuesto más restrictivo, dificultando que el Gobierno haga inversiones en obras, como las previstas en el denominado Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC).
Si la crisis se prolonga, en el peor de los casos, los parlamentarios pueden cerrar 2024 sin votar el presupuesto para el próximo año.
El relator del presupuesto de 2025, senador Angelo Coronel, reaccionó a la decisión del Supremo y, según él, los congresistas fueron «lanzados a las polillas» y está estudiando alternativas para hacer frente a la nueva crisis entre poderes.
Coronel asegura que este tipo de transferencia continuará en uso el próximo calendario.
Destacó que la enmienda Pix es esencial para la celeridad de las obras públicas, permitiendo el inicio de una en hasta 90 días después de la designación, mientras que otras rectificaciones pueden tardar hasta dos años.
Sugirió mejorar, pero no eliminar este tipo de transferencia y someter los gastos del Ejecutivo y del Poder Judicial a los mismos estándares de transparencia.
Para el relator, las reglas definidas por Dino, refrendadas el 16 de agosto, no son ejecutables debido a limitaciones técnicas.
Uno de los temores expresados por ministros es que la crisis lleve al Congreso a aprobar un presupuesto más limitado, lo cual podría impedir que el Gobierno realice inversiones significativas en infraestructura, algo crucial un año antes de la elección presidencial de 2026.
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