Con el Legislativo demostramos que tenemos la oportunidad histórica de trabajar juntos por recuperar el marco que traza la Constitución y la confianza en nuestros sistemas, expresó el presidente del país, Bernardo Arévalo.
La aprobación de la ampliación presupuestaria demuestra el accionar conjunto en beneficio del pueblo y la unidad que se alcanzó, evidenció que somos más los que estamos por los cambios, añadió el mandatario.
A través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) se destinarán 500 millones de quetzales (poco más de 64 millones de dólares) para el crédito campesino, detalló.
El jefe de Estado precisò que se está coordinando para llevarlo a todos aquellos agricultores de este territorio con tasas de interés mucho más bajas, amplió Arévalo en el Palacio Nacional de la Cultura (sede del Ejecutivo).
Por otra parte, continuó el político de 65 años, se aprobaron 400 millones de quetzales (por arriba de 51 millones de dólares) para compra directa de fertilizantes, semillas e instrumentos de labranza.
En busca –dijo- de que sean distribuidos lo más pronto posible al sector y de esa manera fomentar la productividad de legumbres y verduras que son necesarios para la canasta básica.
Por último, remarcó, estamos estableciendo los mecanismos de transparencia más allá de lo que la ley establece, como solicitudes de cotizaciones, en aras de evitar que estos fondos sean desviados por los malos funcionarios.
Esas medidas incidirán en la reducción del costo de producción del campesino y permitirán que las familias tengan alimentos en su mesa a un precio más bajo, aseveró el exdiplomático y sociólogo de profesión.
Con el bono productivo aumentará la oferta y con el campesino la disponibilidad de alimentos, estimó el presidente de Guatemala.
El titular del MAGA Maynor Estuardo Estrada y la de Economía Gabriela García profundizaron en las implementación de cada una de estas decisiones.
Arévalo informó meses atrás medidas como la entrega de bonos a población en condición de pobreza, la ampliación del rango para aplicar la tarifa social a usuarios del servicio de energía eléctrica, entre otras.
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