Según De Moraes, la Fiscalía General solicitó el 15 de agosto «la citación de la Policía Federal, para proporcionar aclaraciones sobre el progreso de la investigación criminal y presentar su informe, aunque parcial».
Ante lo expuesto, agregó, «acuso la manifestación del Ministerio Público Federal y determinar la presentación por parte de la autoridad policial de un informe sobre el progreso de las investigaciones y de justificación sobre la eventual necesidad de prórroga del plazo para su conclusión».
La pesquisa en cuestión analiza una supuesta actuación criminal por parte del gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, del exministro de Justicia Anderson Torres, del secretario de Seguridad Pública Fernando de Sousa y del excomandante general de la Policía Militar de la unidad autónoma Fábio Augusto Vieira.
El 11 de mayo de 2023, De Moraes concedió la libertad provisional a Torres, pero determinó que use tobillera electrónica, tenga el arma de fuego suspendida, no deje el país, no use redes sociales y no mantenga contacto con otros investigados sobre los episodios antidemocráticos.
También debe permanecer fuera del cargo de delegado de la PF.
Bajo gritos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) invadieron y saquearon el 8 de enero de 2023 las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Desde septiembre, el STF condenó al menos 256 personas involucradas en las acciones extremistas y absolvió a una. Las penas varían entre 12 y 17 años de prisión.
En total, la corte recibió mil 345 denuncias. De ese total, mil 113 fueron suspendidas para que la Procuradoría General de la República evalúe si va a proponer acuerdos que eviten el correctivo.
Los eventos extremistas que resultaron en la depredación de los edificios de los Tres Poderes en Brasilia dejaron un perjuicio material de 20,7 millones de reales (cuatro millones de dólares).
En las condenas, el STF estableció el pago de una multa de 30 millones de reales (5,5 millones de dólares), dividido entre todos los acusados, por daños colectivos.
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