A través de un comunicado, la Presidencia indicó que se creó un comité conformado por varias instituciones del Gobierno, dedicado a trabajar en el retiro progresivo y ordenado relacionado con toda la extracción de petróleo en el Bloque 43, en esa zona de la Amazonía.
Asimismo, detalló el documento, se desarrollan mecanismos técnicos, jurídicos, ambientales y económicos para alcanzar ese objetivo e identificar desafíos que deben ser considerados por la Corte Constitucional, precisó la Presidencia aquí.
Más temprano, colectivos sociales en esta nación sudamericana exigieron al Gobierno cumplir los resultados de las consultas populares de 2023, cuando votaron por dejar el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní y prohibir la minería en el Chocó Andino.
Con un plantón en las afueras del Ministerio de Energía y Minas, en esta capital, representantes de comunidades indígenas demandaron el cierre de los pozos petroleros en la región amazónica del Yasuní, considerada una de las áreas más biodiversas del planeta.
El 20 de agosto de 2023 la mayoría de los ecuatorianos votó por suspender la explotación del Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tiputini y Tambococha), ubicado en el Yasuní, en la provincia de Orellana, sin embargo hasta ahora ese campo sigue en operación.
La Corte Constitucional determinó que en un año las autoridades deberían desmantelar la planta petrolera, pero la explotación continúa hasta hoy, mientras expertos de Naciones Unidas instaron al Ejecutivo a respetar la decisión popular y acelerar el fin de la extracción.
El ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Juan Carlos Vega, afirmó este lunes que el Gobierno iniciará el cierre de los pozos petroleros en el Yasuní, aunque el proceso demorará entre tres y cinco años.
Por otro lado, representantes de los colectivos ambientalista Acción Ecológica y Quito Sin Minería realizaron otro plantón en los exteriores de la Corte Constitucional, para demandar el cumplimiento de otra consulta que prohibió la actividad minera en el Chocó Andino.
Habitantes del Chocó, un bosque de 287 mil hectáreas, pidieron a la Corte iniciar la fase de seguimiento de la consulta porque persisten los intereses de las mineras en la zona y hay presencia de extractivismo ilegal.
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