Tal acción se decretó contra ese grupo ante la práctica de crímenes contra los Tres Poderes en publicaciones en redes sociales y en mensajes en aplicaciones de conversación.
La PF cumplió cuatro disposiciones y se sospecha que fomentaron el bloqueo de la vía BR-163 en Santarém, la segunda ciudad más grande de Pará, después de la victoria electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Según la investigación, los blogueros y empresarios estaban coordinados para alentar, financiar y cometer crímenes contra el Estado de Derecho Democrático.
Cuestionaban el resultado de los comicios, proponían impedir la toma de posesión de Lula y pedían una intervención de las Fuerzas Armadas para poner fin a la democracia en Brasil.
También esta semana la PF acusó al exministro de Justicia Anderson Torres durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) de impedir el desplazamiento de votantes.
La pesquisa, que también implica a Silvinei Vasques, exdirector general de la Policía Federal de Carreteras (PFR), será enviada al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF). Además de ambos, otros cuatro policías federales fueron imputados.
Todos están inculpados de un delito basado en el artículo 359-P del Código Penal, que define como «restringir, impedir o dificultar, mediante el empleo de violencia física, sexual o psicológica, el ejercicio de los derechos políticos a cualquier persona por razón de su sexo, raza, color, etnia, religión o procedencia nacional».
La acción ocurrió en la segunda vuelta de la votación, cuando se movilizaron agentes del PRF en los estados del noreste, que, según las indagaciones, para tratar de impedir mediante bloqueos la llegada de electores hasta los sitios de votación.
En esa época, un informe reveló que la PRF inspeccionó dos mil 185 autobuses en el noreste del país, donde Lula era favorito, contra 571 en el sureste, entre el 28 y 30 octubre de 2022, víspera y día de la segunda vuelta de la justa comicial.
Torres, quien se encontraba en prisión preventiva por los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando adeptos radicales de Bolsonaro invadieron y saquearon las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el STF y el Palacio Presidencial, fue puesto en libertad en mayo al estimar De Moraes que no existían motivos para su permanencia en la cárcel.
Asimismo, el ministro revocó la pena de prisión preventiva para Vasques, detenido desde hace un año por pretender obstaculizar el segundo turno del referendo.
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