El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, vinculó al mandatario con supuestas órdenes ilegales para el pago a constructoras y posibles delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones y resoluciones violatorias a la Constitución.
En conferencia de prensa esta mañana en la sede central de la entidad subordinada al MP, el fiscal explicó que recibieron la denuncia derivado de hechos que señalaron al jefe de Estado.
El Gobernante en el ejercicio del cargo emitió una orden ilegal a través de la creación de un mecanismo arbitrario de pagos fuera del marco legal atribuido en sus funciones de ley, precisó Curruchiche.
Para ello, agregó, mediante su firma autorizó pagos, específicamente a constructores de obras contratados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
Detalló que el señor Ricardo Méndez Ruiz (exministro de Gobernación y director de la Fundación contra el Terrorismo) entregó la acusación el 16 de julio pasado y testigos compartieron los documentos de listados de implicados.
A estos –precisó- se ordenaron los pagos, los cuales cuentan con la firma del presidente del país, que aparece en original y en color azul.
Curruchiche puntualizó que están ya embalados, con su respectiva cadena de custodia, para proceder a los peritajes respectivos.
El MP enfrenta abiertamente a la actual administración y más recientemente con la detención el martes de la semana anterior de la exdiputada del partido Movimiento Semilla Ligia Hernández.
Organizaciones sociales y analistas refieren aquí desde el 2023 lo inaudito del caso Corrupción Semilla, abierto tras los resultados de las elecciones últimas, así como la persecución continua contra Arévalo y su fuerza política.
La Fiscal General de la nación Consuelo Porras comenzó las acciones luego de que éste diera una sorpresa en la primera vuelta de los comicios y sobresaliera como sucesor de Alejandro Giammattei (2020-2024).
El entonces mandatario electo denunció que la también titular del MP encabezaba un intento de golpe de Estado para evitar que tomara posesión el 14 de enero de este año.
Porras logró que la justicia inhabilitara a Semilla y, al ser declarado independiente, aparece sin poder presidir alguna de las 34 Comisiones de Trabajo del Congreso.
Arévalo ha enfrentado en más de seis meses de administración un camino lleno de obstáculos e incertidumbre debido a la oposición por parte de la Fiscalía.
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