Flores, quien asumirá en enero de 2025 y hasta 2029 en sustitución de Gerardo Solís, aseveró que su compromiso es firme y advirtió que con el dinero de los panameños no se juega y que al pueblo no se le puede engañar y robar más.
Sostuvo que denunciará ante las autoridades competentes a cualquier persona relacionada en auditorías que se hagan en la Contraloría, que revelen actos de corrupción o malos manejos.
También anunció que va a reforzar el sistema de denuncias ciudadanas que tiene la institución, ofreciendo protección a la gente,
De otra parte se refirió a la ley Orgánica de la Contraloría y manifestó que hay una cláusula que concede demasiada discrecionalidad y prácticamente es juez y parte.
Además adelantó que será muy estricto con el tema de las fianzas que se han vencido, ya que, según dijo, en los últimos 10 años se han perdido más de 200 millones de dólares en obra por terminar y cuestionó las tácticas que utilizan algunas compañías de seguro que dilatan los procesos con recursos para que esas fianzas no se den.
Fue enfático el funcionario además al señalar que no aceptará en su gestión a los contratos que contemplan anticipos de obras, al referir que han encontrado muchas obras en Panamá con un 70 por ciento de avance financiero, pero con un 30 por ciento de avance real.
De otra parte comentó que estudiará los auxilios económicos mal asignados para becas por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), y los más de 321 millones de dólares que fueron distribuidos por el llamado programa de descentralización paralela para beneficiar a diferentes territorios, registros que permanecen desaparecidos.
En julio pasado, un informe estadístico del Fiscalía de Cuentas reveló que la Contraloría ignoró la mayoría de las peticiones de auditoría entre mayo 2020 y mayo de 2024.
Por su parte, el diputado del partido Movimiento Otro Camino , Ernesto Cedeño , indicó que la gestión del actual Contralor se ha caracterizado no solo por negarse a realizar auditorías, sino a investigar y por el contrario, ocultar nombres en los registros oficiales.
En ese sentido, citó que la entidad escondió más del 50 por ciento de los beneficiarios de auxilios económicos entregados por el Ifarhu, un monto de más de 400 millones de dólares entre 2019 y 2023.
A esto se suman críticas a reformas a la ley orgánica de la Contraloría que son percibidas como un obstáculo en la batalla contra la corrupción.
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