“Últimamente ha habido actos (de Estados Unidos) pues de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada e imprudente del embajador”, aseveró el mandatario en su habitual conferencia de prensa, al informar asimismo sobre el envío por parte de la Cancillería de una nota de protesta.
“Desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismo, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervenga en asuntos que solo nos corresponde resolver, dirimir a los mexicanos”, enfatizó.
En la nota divulgada por el gobernante, la cartera expresa su profundo extrañamiento debido a los comentarios del diplomático, quien afirmó que la reforma al poder judicial que se analiza en el Congreso representa riesgos para la democracia mexicana y la integración comercial entre ambas naciones.
El objetivo principal de la iniciativa “es fortalecer el estado de derecho mediante una reforma al poder judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”, subraya el texto.
Añade que el gobierno “está comprometido con un poder judicial que goce de verdadera independencia, autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el estado de derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos”.
En tal virtud, la declaración de Salazar expresando una postura sobre este tema, que es de carácter estrictamente interno del Estado, representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de México y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos, sostiene.
Al reiterar las razones para proponer la reforma, López Obrador refirió que el poder judicial está plagado de corrupción y secuestrado, tomado, al servicio de una minoría rapaz, dominado por la delincuencia organizada y la de cuello blanco.
De acuerdo con las autoridades, la iniciativa busca acabar con la corrupción y el tráfico de influencias que permea a ese poder autónomo y que ha posibilitado la liberación de criminales, una denuncia en la que coincide la mayoría de los ciudadanos, según encuestas.
Entre sus puntos sobresale que los integrantes de la judicatura federal sean removidos de sus puestos y sustituidos por quienes resulten ganadores en comicios por voto popular.
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