Salazar afirmó en entrevista con el canal local Ecuavisa que esas acusaciones forman parte de una estrategia para desacreditar el trabajo de la Fiscalía.
Según La Posta, la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas (SRI) no han ejecutado acciones en contra de las empresas y personas que estarían vinculadas con la mafia albanesa.
La fiscal aseguró que la institución que ella lidera de ninguna manera pretende retardar la investigación del denominado caso Pampa, relacionado con las operaciones de la mafia albanesa en Ecuador.
Explicó que esa pesquisa se encuentra a la espera de la audiencia preparatoria de juicio, por el presunto delito de lavado de activos.
Sobre el proceso de juicio político en su contra en la Asamblea Nacional (Parlamento), la fiscal manifestó que no hay razones que justifiquen su destitución y aseguró que el proceso responde a intereses políticos.
En su opinión, ese procedimiento es una “revancha de la delincuencia organizada” por sus acciones para desbaratarla.
“Hemos demostrado cómo un partido político ha sido tocado por el narcotráfico y la delincuencia organizada”, apuntó sin mencionar a la organización que propuso este proceso en el Legislativo, la Revolución Ciudadana (RC).
El pasado lunes, la Asamblea informó que retomará el juicio político contra la fiscal, un proceso que estaba suspendido luego de que ella alegara atravesar un embarazo de alto riesgo.
La funcionaria ha recibido críticas por la selectividad y parcialidad en los casos que investiga, concentrándose en figuras de la RC y en el expresidente Rafael Correa, que la acusa de persecución política, mientras otras causas permanecen engavetadas.
lam/avr
