De acuerdo con la legisladora, es incomprensible que en la Ley de Presupuestos 2024 no se hayan contemplado los dos mil 500 millones de pesos (unos 2,7 millones de dólares) para ofrecer amparo a los infantes sin hogar.
Musante recordó que en 2023 se contaron hasta tres mil niños y adolescentes sin casa en Chile, quienes están expuestos a múltiples vulneraciones, incluso ser utilizados por el narcotráfico y el crimen organizado como mano de obra barata para perpetrar delitos.
No se trata sólo de proteger los derechos básicos de este sector de la población, sino de un problema de seguridad, señaló.
Tenemos un antecedente importante, dijo la diputada, y es que en los últimos cinco años aumentó en 20 por ciento la participación de menores de edad en hechos de criminalidad.
Recientemente Juan Carlos Rauld, coordinador metropolitano de Red Calle Niños, un programa de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, calificó de absurda y sin ninguna fundamentación técnica la decisión de la Dirección del Presupuesto de cerrar este financiamiento.
Según ese organismo gubernamental, la responsabilidad legal de atender a la infancia en situación de calle le corresponde al Servicio de Protección Especializada Mejor Niñez.
Sin embargo, ese mecanismo es muy cuestionado por las pésimas condiciones de salud, alimentación y bienestar para los menores allí albergados, los abusos perpetrados contra ellos y la cantidad de infantes que se fugan con frecuencia.
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