Mediante un comunicado, la Comisión Presidencial Por la Paz y los Derechos Humanos detalló que se trata de Alfredo Herrera (hijo de un conocido en el ámbito judicial y político del país), capturado el 12 de abril de 2019.
Incluyó a Lilian Virginia Laparra (exfiscal anticorrupción), aprehendida el 23 de febrero de 2022; y el de José Rubén Zamora, periodista, fundador y director del extinto diario elPeriódico, a quien llevaron a prisión el 29 de julio de 2022.
“Los tres casos solicitan al Estado de Guatemala remediar la situación de privación de libertad de estas personas, conforme los principios establecidos por las normas del derecho internacional de los Derechos Humanos”, remarcó la Comisión.
Sumado a esto, mencionó una delegación que visitó Guatemala del 8 al 19 de octubre del año anterior para evaluar en cárceles las condiciones, prácticas y protocolos que se implementan para resguardar las garantías y derechos fundamentales de las personas.
Esa observación –acotó la entidad del Gobierno- le permitió constatar las preocupantes condiciones de hacinamiento, por lo cual urgió al Organismo Judicial a tomar medidas inmediatas para reducir la prisión preventiva y la ejecución de la pena.
Al respecto, el actual Ejecutivo reconoció la importancia de la fiscalización internacional, en el marco de la observancia del Estado, de la institucionalidad democrática y la situación de los derechos humanos en la nación.
Ello, dijo, al asumir el firme compromiso de ser garante y de cumplir de manera integral, así como oportuna, con todas las recomendaciones y directrices emitidas por los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas.
El Gobierno –enfatizó- se orienta a asegurar que las políticas y acciones estatales no solo cumplan con los estándares internacionales, sino que además promuevan un entorno de protección y respeto en todos los niveles.
A pesar de su liberación bajo arresto domiciliario en enero de 2024, Laparra se vio obligada a salir al exilio el pasado 18 de julio, mientras Zamora cumple más de dos años en una celda de castigo por –según analistas locales- la corrupción que impera en el Ministerio Público.
A fines de febrero último, a poco de tomar el poder, el presidente de este territorio, Bernardo Arévalo, criticó las condiciones “casi de tortura” que sufría en prisión el periodista durante la gestión de Alejandro Giammattei (2020-2024).
Arévalo reflexionó que el periodista “es un ejemplo del tipo de abusos que se generan cuando las instituciones de justicia son cooptadas” por parte de “redes político-criminales”.
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