Pese a haberse hundido cuatro veces ya en el órgano legislativo, la Alianza Colombia Libre de Fracking insiste en exigir la eliminación de los métodos de extracción de hidrocarburos dañinos para los ecosistemas, con el respaldo de 82 congresistas de fuerzas políticas diferentes y con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
También en el transcurso de esta semana, el canciller Luis Gilberto Murillo, presentó un proyecto de ley que busca la ratificación de la Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.
Según explicó el ministro de Relaciones Exteriores, la nación sudamericana tiene un personal muy bien entrenado en temas militares, de seguridad y policiales, a la que llegan muchas redes extranjeras buscando reclutar a estas personas con engaños y las llevan a países y guerras que nada tienen que ver con Colombia.
Asimismo, con el objetivo de brindar mayores garantías para los derechos de la niñez, más de 120 congresistas radicaron un proyecto de ley que pretende que se aplique la máxima pena por el delito de reclutamiento de menores de edad.
De aprobarse la iniciativa, las condenas pasarían de 480 a 600 meses, o sea, hasta 50 años de cárcel y modificaría los artículos 83, 162 y 188 del Código Penal, que norma las penas en el marco del reclutamiento de menores, el reclutamiento ilícito y los homicidios de personas protegidas.
Se persigue además que ante estos delitos haya imprescriptibilidad, es decir, que no se venzan los términos y se puedan investigar casos que daten de una, dos o más décadas.
Además de estas, en el legislativo se recibieron otras propuestas que resultan muy polémicas dentro de la ciudadanía.
El contenido de una de estas persigue la prohibición del aborto a unos dos años y medio de que la Corte Constitucional despenalizara esa práctica de manera total hasta la semana 24 del embarazo y que en su momento se consideró un logro para la causa feminista en el país.
Otra de las propuestas radicada esta semana tiene que ver con el derecho a la protesta y su veto en autopistas y carreteras.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático Christian Garcés, comentó que el proyecto de ley plantea la toma de acciones contra quienes generan bloqueos en vías principales y causan afectaciones en la economía local y nacional.
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