Antes el jefe de Estado sostuvo encuentros con los jefes de partidos políticos, empresarios y representantes de diversas organizaciones sindicales y confederaciones obreras.
En los intercambios se hace énfasis en las medidas que deberá aplicar el Gobierno ante la crisis estructural y financiera que enfrenta la Caja de Seguro Social(CSS), única entidad pública dedicada a la atención de jubilados y pensionados.
De manera anticipada algunos lideres docentes como Diógenes Sánchez y Fernando Ábrego, de la Asociación de Profesores de Panamá, han rechazado medidas paramétricas anunciadas por el Ejecutivo como el aumento de la edad de jubilación y de de la cuota obrero patronal.
Ábrego incluso señaló que el Estado debería aportar más de sus fondos a programas de beneficios como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), una carga que ahora solo recae en los asegurados.
Sobre el tema, agrupaciones como la Confederación Nacional de Trabajadores Organizados y la Confederación Naciones de Unidad Sindical Independiente han manifestado que la solución pasa por un diálogo social que debe ser democrático, propositivo y transparente.
Mientras, integrantes de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, como Vladimir Broce, estiman que se debe hacer una reorganización de la CSS y de los mecanismos actuales para la compra de medicamentos y mejorar el salario de los galenos.
La Seguridad Social, como un derecho consagrado en la Constitución Política y en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debe ser garantizado por el Estado como elemento central respecto a las próximas reformas a la ley orgánica de la CSS, según los comunicados de los diversos colectivos.
Las organizaciones populares anunciaron por su parte una manifestación en las inmediaciones de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), cuando se apruebe la designación del empresario de seguros Dino Mon, como nuevo director de la CSS, uno de los más fervientes impulsores de las medidas paramétricas.
La CSS ofrece servicios de salud a los asegurados y jubilados y para ello maneja la plantilla más grande de todo el aparato estatal, con 31 mil 356 funcionarios, y un presupuesto cercano a los siete mil millones de dólares.
El mayor de sus actuales desafíos son las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido y el fideicomiso de la CSS que se agotan este año.
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