De acuerdo con la jueza Mariana Leyton, el Ministerio Público logró demostrar que el penalista Luis Hermosilla y su asociada Leonarda Villalobos participaron en los hechos ilícitos denunciados y serán sometidos a juicio.
Por considerarlos como un peligro para la sociedad y la investigación en curso, los dos juristas deberán permanecer en prisión preventiva hasta la celebración del proceso penal.
Otro señalado en este escándalo, el esposo de Villalobos, Luis Angulo, tendrá detención domiciliaria nocturna y arraigo nacional.
Con anterioridad los ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería Nacional, Patricio Mejías y Renato Robles, respectivamente, recibieron arresto total en sus viviendas por recibir sobornos del grupo liderado por Hermosilla.
El denominado “Caso audios” estalló cuando un medio de prensa reveló una grabación donde los hoy acusados hablaban con un cliente de pagar sobornos a cambio de información privilegiada.
A partir de entonces el Ministerio Público inició una investigación que reveló una trama de corrupción, cuyas ramas no se conocen aún en su totalidad.
Está claro ya que el bufete de Hermosilla participó en una circulación de cifras millonarias entre la firma de servicios financieros Factop y la empresa inmobiliaria Patio, que incluyó la emisión de facturas falsas o adulteradas.
Los propietarios de Factop y la corredora de bolsa STF, los hermanos Daniel y Ariel Sahuer y Rodrigo Topelberg, están en prisión preventiva por estos y otros ilícitos.
Entre las aristas seguidas por la fiscalía chilena figura la relación del bufete con Andrés Chadwick, exministro del Interior y primo del fallecido presidente Sebastián Piñera.
Después que el funcionario fue destituido del cargo por una acusación constitucional, el penalista le transfirió fondos por 190 millones de pesos (unos 206 mil dólares), supuestamente como pago de una investigación jurídica.
A ello se suman 11 cheques por 36 millones de pesos (cerca de 39 mil dólares) que fueron girados a favor de Chadwick.
También se anunció una indagación contra un miembro de la Corte Suprema de Chile, cuyo nombre apareció durante el peritaje al teléfono del penalista.
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