El pleno de magistrados del alto tribunal, integrado por 13 miembros, adoptó la decisión por unanimidad y argumentó que al analizar el expediente consideraron la denuncia “espuria e ilegítima”, según describió aquí el diario local Prensa Libre.
El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, acompañado por el procurador General de la Nación, Julio Saavedra, entregó la acusación en la que señalaron a la también titular del Ministerio Público (MP) de la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes.
La petición en busca del retiro de la inmunidad a Porras surgió de la negativa de esta de participar en una junta del Ejecutivo para la cual la convocó el presidente Bernardo Arévalo con el fin de abordar diversos temas del país.
A poco de la nueva administración, el 29 de enero último la fiscal general acudió a la Casa Presidencial, pero solamente estuvo presente algunos minutos y decidió abandonar el salón.
“En cumplimiento de la Ley Orgánica del MP atendí la invitación, pero lamentablemente me vi en la necesidad de retirarme ya que la reunión se pretendía llevar a cabo en el marco del Consejo de Ministros”, subrayó Porras.
Ese mandato constitucional y legal, me prohíbe participar y a los ministros de Estado contar con mi presencia, enfatizó en declaraciones a los medios.
Arévalo insistió, por su parte, en que las situaciones generadas por el actuar de la jefa del MP no solo atentan contra su Gobierno, sino contra la voluntad del pueblo expresada libremente en las urnas.
En par de ocasiones más presentó nuevas solicitudes de retiro de antejuicio contra Porras por la posible comisión de los delitos de violación a la Constitución y abuso de autoridad, una en mayo y otra a principios de este mes.
El presidente de Guatemala manifestó en reiteradas ocasiones que sin la fiscal general, a quien denunció por atentar contra los resultados de los comicios de 2023, la recuperación del país no va a poder continuar.
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