Con ese objetivo, el gobierno cuenta con un grupo especializado que trabaja desde abril de 2024 para definir, dilucidar el alcance de los derechos y resguardar los intereses de la comunidad queer, explicó la propia institución.
Para examinar y presentar recomendaciones sobre las medidas a adoptar por los gobiernos central y estatales al respecto, la comitiva está integrada por los secretarios del Gabinete, de los ministerios del Interior, de Desarrollo de la Mujer y el Niño, y de Salud y Bienestar Familiar, así como de las instancias de Justicia Social y Empoderamiento del Legislativo.
De acuerdo con la fuente, el Comité debatió en mayo último cuestiones sobre el acoso por la identidad de género u orientación sexual, sobre la emisión de tarjetas de racionamiento y la posibilidad de que las personas pertenecientes a la comunidad queer tengan una cuenta bancaria conjunta con la opción de nombrar a su pareja como beneficiario.
También exhortó la creación de un subgrupo para continuar los análisis de esos temas.
Los expertos efectuaron, además, un proceso de consulta con representantes de la comunidad Lgbtqi+ y autoridades, cuyo resultado fue compartido con los ministerios y departamentos pertinentes para su examen y la adopción de medidas adicionales.
Derivado de esa revisión, el Departamento de Alimentos y Distribución Pública estableció que las parejas queer deben ser tratadas como parte del mismo hogar a los efectos de la tarjeta de racionamiento.
Además pidió a los estados y territorios de la Unión que adopten las medidas necesarias para garantizar que las parejas queer no sean objeto de discriminación alguna en la emisión de ese tipo de beneficio.
Por otra parte, el Departamento de Servicios Financieros eliminó las restricciones para que las personas queer abran una cuenta bancaria conjunta y puedan designar a una persona de su comunidad como candidato para recibir el saldo, en caso de fallecimiento del titular.
Asimismo, el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar autorizó la adopción de medidas para garantizar sus derechos en la atención sanitaria y reducir la discriminación hacia esas personas.
De igual modo, elaboró directrices para la planificación de actividades de concienciación, la disponibilidad de cirugía de reasignación de sexo, los cambios en los planes de estudio, la prestación de servicios de teleconsulta y para abordar las cuestiones relacionadas con la salud mental y el bienestar.
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