Ante el hecho ocurrido este lunes, el Ministerio de Exteriores venezolano acusó a Estados Unidos de usar su “poderío económico y militar para amedrentar y presionar a Estados como el de República Dominicana, para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales”.
“Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que una vez más, las autoridades de los Estados Unidos, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha sido utilizada por el Presidente de la República”, reza un comunicado hecho público por el canciller Yván Gil.
Esta tarde, el titular de Relaciones Exteriores dominicano dijo que “ni el Gobierno dominicano ni el Ministerio Público han participado del proceso de investigación de Estados Unidos; solo se requirió esa cooperación jurídica internacional», alegó.
Al referirse al tema durante el encuentro semanal del presidente Luis Abinader con la prensa, Álvarez argumentó que el Ministerio Público solo cumplió las órdenes de los tribunales.
Al inicio de su intervención, relató que en mayo pasado dicha cartera recibió una petición de cooperación internacional relacionada a una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que se solicitaba la inmovilización o secuestro de la aeronave Dassault Falcon 900EX.
Precisó que se pedía «realizar registros de evidencia y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes ilícitos y lavado de activos».
El funcionario manifestó ante la prensa que la aeronave se encontraba en territorio dominicano para fines de mantenimiento.
Defendió la autonomía del Ministerio Público y dijo que “estos son asuntos sobre los que el gobierno central no opina».
Este acto de Estados Unidos es rechazado por varios países, que lo catalogan como una violación del Derecho Internacional.
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