Medios de prensa destacaron el apoyo a la reelección de Sánchez por los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Nueva República, mientras los opuestos a la continuidad del magistrado carecieron de la mayoría calificada (38 diputados) para vetar al juez.
Otras formaciones contrarias a la reelección del funcionario de la Sala Segunda, entre ellos el Frente Amplio, justificaron esa posición con las citadas acusaciones y cuestionamientos, entre ellos, los de acoso sexual y atraso en la tramitación de cientos de expedientes que debió gestionar.
La aprobación del magistrado para mantenerse al frente de la Sala II por otros ocho años contó con el respaldo de la Comisión de Nombramientos, por una mayoría de 6 a 1, tendencia que tropezó con la referida denuncia por acoso sexual publicada por el abogado Mario Rucavado en el diario Delfino.cr.
El artículo del letrado, titulado «Magistrado Porfirio Sánchez: una reelección inaceptable», comprende la declaración de una funcionaria respecto a que -según ella- el hoy magistrado tuvo una conducta sexual inapropiada hacia ella.
La mujer afectada, Silvia Elena Arce, jueza de trabajo del Poder Judicial, ratificó públicamente la acusación contra Sánchez y afirmó que fue ella misma quien informó a Rucavado sobre el incidente ocurrido en el año 2000.
Por su parte Sánchez, cuya continuidad en el cargo debió votarse el 28 de agosto y fue pospuesta para este 2 de septiembre, aseguró que renunciaría a la inmunidad y a la prescripción penal, si la jueza Arce oficializaba la acusación.
El juez, quien desmintió la alegación sobre un presunto acto obsceno, notificó su decisión al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, mientras Arce advirtió que ya en el pasado el magistrado “prometió lo mismo y no cumplió”, añadió el diario Delfino.cr.
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