De acuerdo con reportes locales, el fiscal general en Líbano, el juez Jamal al-Hajj, ordenó el arresto del exgobernador de 74 años, tras ser interrogado en el Palacio de Justicia.
La investigación se centra en casos de robo y malversación relacionados con la empresa Optimum y los contratos establecidos entre el Banco Central y la compañía para la compra y venta de bonos del Estado y certificados de depósito en libras, así como las comisiones obtenidas.
Salameh fue trasladado a la sede de la Dirección General de Seguridad Interna en esta capital después de su detención.
A propósito, el ministro de Justicia libanés, Henri Khoury, comentó: «El poder judicial ha hablado y respetamos su decisión».
En mayo de 2023, el sistema judicial libanés decidió prohibir a Salameh viajar, según un funcionario judicial citado por la agencia de noticias AFP.
Salameh fue sometido a varias rondas de investigación en el Palacio de Justicia en el contexto de la crisis financiera y económica a la que está expuesto Líbano desde 2019, tras cometer una serie de violaciones y delitos financieros, precisó el diario local Al-Akhbar.
El Estado libanés presentó una denuncia personal contra el exgobernador, por delitos de soborno, falsificación, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.
Calificado como el peor banquero central del mundo por The Economist el año pasado, Salameh estuvo al frente del Banque du Liban desde 1993 hasta julio de 2023, y es considerado uno de los principales responsables del actual colapso en la nación levantina.
En abril de 2021, el poder judicial libanés abrió una investigación local sobre la riqueza de Salameh y su origen.
Suiza resultó el primer país europeo en escribir al Líbano, a principios de 2021, como parte de las averiguaciones sobre transferencias financieras relacionadas con Salameh, su hermano Raja, asistente Marianne Howayek e instituciones afiliadas al Banco Central.
Posteriormente, Francia, Alemania, Luxemburgo, Mónaco y Bélgica lanzaron acciones similares contra el exgobernador por sospecha de malversación de fondos y corrupción.
En 2022, la agencia de cooperación de justicia penal de la Unión Europea ayudó a congelar unos 132 millones de dólares en activos de libaneses en Francia, Alemania, Luxemburgo, Mónaco y Bélgica, que incluyen propiedades y cuentas bancarias.
La medida está vinculada a la investigación de lavado de dinero que relaciona a cinco ciudadanos, entre ellos Salameh, bajo cuestionamientos de malversar alrededor de 330 millones de dólares.
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