En una entrevista televisiva, a Villena le preguntaron si la indagación encontró indicios de responsabilidad y respondió que “efectivamente, eso es lo que hemos expuesto en nuestra denuncia constitucional” presentada al Congreso, que debe decidir si abre un proceso a la mandataria o archiva el caso.
Precisó que las pesquisas llevaron a la conclusión de que Boluarte recibió relojes de lujo Rolex y otras joyas costosas y a cambio otorgó beneficios al gobernador de la región centroandina de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, con la asignación de fondos para obras en ese territorio, lo cual niegan la mandataria y Oscorima.
Un informe periodístico verificó meses atrás que la jefa de Estado lucía las citadas prendas en público, en el país y en el exterior, sin que las hubiera incluido en su declaración patrimonial obligatoria.
Inicialmente, Boluarte sostuvo que había comprado las joyas con el fruto de su trabajo y, al no ser eso posible con sus ingresos previos, sostuvo que las había recibido solo prestadas por Oscorima, quien convalidó la versión, lo cual la prensa consideró insólito.
De otro lado, el fiscal Villena desestimó declaraciones del primer ministro, Gustavo Adrianzén, quien lo acusó de haberse declarado su enemigo.
“Nosotros no tenemos que ser amigos, pero por supuesto, tampoco enemigos”, dijo y añadió que ha compartido reuniones con Adrianzén, quien es un constante crítico del Ministerio Público, y sugirió la convocatoria a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad para tratar sobre el grave problema de la criminalidad.
Villena añadió que entiende que puede haber molestado a la presidenta y al Gobierno que el trabajo del Ministerio Público sea investigar las responsabilidades penales y demás temas judiciales de altos funcionarios “y tenemos que hacerlo porque sino incurrimos en irresponsabilidad”.
Criticó de otro lado un proyecto de ley, aprobado en primera instancia, que plantea crear una comisión parlamentaria que fiscalice la labor de los jueces y fiscales.
Advirtió que, de aprobarse el proyecto, se vulneraría la autonomía de los órganos de justicia y los magistrados quedarían sometidos al Poder Legislativo, donde decenas de congresistas son investigados por ilegalidades.
Villena cuestionó también otro proyecto en marcha que encarga el manejo de la investigación inicial de los delitos a la Policía Nacional y argumentó que la Constitución establece que la Fiscalía debe dirigir las pesquisas en todas sus etapas.
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