De acuerdo con Loffredo, «la evidencia es el robo de cables, afectaciones a las tuberías y la intromisión de personas para intentar detener la producción en uno de los pozos petroleros», manifestó.
En este sentido, el funcionario hizo referencia a actos vandálicos registrados cerca de los campos petroleros en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos, que ocasionaron pérdidas de siete mil barriles de crudo, según informó este lunes la estatal Petroecuador.
Esta no es la primera ocasión en que el Gobierno de Daniel Noboa denuncia una posible organización para afectar un servicio público.
El pasado mes de abril, el mandatario culpó a la exministra de Energía y Minas Andrea Arrobo, y a exfuncionarios de esa cartera de Estado de formar parte de una red que intentó sabotear el sector eléctrico.
La crisis energética que persiste hoy en Ecuador ocasionó en el mes de junio un apagón total en el territorio nacional.
Esta situación se agudizó a mediados de abril, con cortes de hasta 13 horas en algunos lugares y aunque los apagones se suspendieron oficialmente desde el 1 de mayo ha habido interrupciones por diversos motivos.
Entretanto, la pasada semana el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves informó que el Gobierno busca contratar 788 megavatios (MW) de potencia adicionales al Sistema Nacional Interconectado.
De acuerdo con el funcionario, la manera más sencilla para lograrlo, en términos de tiempo, es a través de la contratación de dos o tres barcazas adicionales, porque se conectan rápidamente a la matriz.
Sin embargo, la embarcación de la empresa turca Karpowership que llegó a Ecuador hace casi un mes todavía no está operando.
Su producción representa solo un tres por ciento de la demanda nacional y el costo se aproxima a los 115 millones de dólares, según reportes de medios locales de prensa.
Mientras tanto, este lunes el Ejecutivo lanzó una licitación internacional para la construcción de una línea de interconexión eléctrica con Perú.
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