Por Carmen Esquivel
Jadue perdió la jefatura de la comuna capitalina de Recoleta tras permanecer en prisión preventiva desde el 3 de junio hasta el 2 de septiembre, cuando el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago le cambió la máxima cautelar por arresto domiciliario total.
La sustitución de la medida es un avance significativo porque ya no tenemos a un ex precandidato presidencial privado de libertad, algo que estaba siendo utilizado para menoscabar su imagen, dijo Gutiérrez en entrevista a Prensa Latina.
Pero la jueza de garantía, Paula Brito, fue más allá al dar por desacreditados varios de los delitos y la participación del alcalde en los supuestos ilícitos que le atribuye la Fiscalía, explicó el letrado.
El también dirigente del Partido Comunista estuvo durante tres períodos al frente de la municipalidad, durante los cuales llevó a cabo programas en beneficio social, como la Farmacia, la Óptica y la Librería Popular, el Centro de Rehabilitación, la Red de Bibliotecas y la Universidad Abierta.
El Ministerio Público lo acusa por supuesto cohecho, fraude al fisco y estafa en las negociaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares.
“Hoy los cargos de la Fiscalía fueron desmoronados”, aseguró Gutiérrez, quien destacó la contundencia de la resolución.
El abogado, quien forma parte de la defensa de Jadue, recordó que la parte acusadora apeló y dentro de unos días más se va a saber si se confirma o no el dictamen del juzgado de garantía.
El Ministerio Público, los querellantes y el Consejo de Defensa del Estado tienen la urgencia de cambiar los fundamentos que sirvieron para imputar a Jadue, porque la resolución fue muy lapidaria, expresó.
Sobre la solidaridad nacional e internacional que el caso ha suscitado, consideró que sin este apoyo de organizaciones y personalidades de todo el mundo el fin de la prisión preventiva habría sido más difícil de conseguir.
Gutiérrez alertó también sobre la desigualdad de condiciones existentes aquí en el acceso a la justicia, una diferencia que hizo notar recientemente la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite.
Citó los casos de Eduardo Macaya, acusado de pedofilia, y el del influyente abogado Luis Hermosilla, quien no obstante la multiplicidad de eventuales ilícitos, ha tenido un trato muy diferente.
Interrogado sobre su opinión del proceso contra Daniel Jadue afirmó: Es un lawfare planificado fundamentalmente por el poder económico, coludido con algunos medios de comunicación y el poder judicial y la fiscalía, para impedir que siguiera adelante con sus políticas antineoliberales.
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