El texto señaló violación de los derechos de libre locomoción y libertad de industria, comercio y trabajo a partir de las acciones en ese enclave del municipio de igual nombre perteneciente al oriental departamento de Izabal.
Las autoridades deben actuar con las fuerzas de seguridad, garantizar el ejercicio ilimitado e irrestricto de las libertades y derechos consagrados por la Constitución y otras leyes, remarcó la CCG mediante un comunicado.
De acuerdo con reportes de la prensa local, un grupo de personas jubiladas cerró el ingreso al municipio en oposición a ciertas decisiones de la junta directiva de la instalación marítima del Atlántico.
A inicios de agosto pasado exempleados bloquearon varios días la ruta y por lo menos unos mil 800 contenedores con diferentes mercancías de exportación e importación estuvieron varados y cuatro buques a la espera de la carga.
Los sectores afectados denunciaron –precisó entonces el diario Prensa Libre- pérdidas de 500 mil dólares en tres días, así como el riesgo de perder la mercadería perecedera que no se había podido embarcar.
Guatemala vivió en junio último tres crisis logísticas por emergencia presentada debido a la nulidad del contrato de la Empresa Portuaria Quetzal (APM), del otro lado, en el Pacífico, departamento de Escuintla.
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