La iniciativa, que consta de un solo artículo, toma en cuenta criterios de todas las bancadas y sendas propuestas del opositor Frente Amplio y del partido Cabildo Abierto.
En legislaturas anteriores habían fracasado intentos por adoptar este tipo de normativa sobre la función pública.
El senador frenteamplista Eduardo Brenta afirmó que la aprobación en la Cámara Alta «da una señal política importante al conjunto de la ciudadanía uruguaya en lo que tiene que ver con la transparencia en la gestión y la ética pública”.
Resultan comprendidos “funcionarios públicos con la obligación legal de presentar declaración jurada de bienes e ingresos”.
El texto penaliza a quienes durante el ejercicio de su cargo o incluso hasta dos años después de haber cesado en su desempeño obtenga indebidamente “un incremento patrimonial significativo e injustificado con relación a sus ingresos legítimos”.
Para tales casos el inculpado será sancionado con una pena de 18 meses a seis años de cárcel, alta multa e inhabilitación de dos a cinco años para ejercer funciones.
Brenta recordó que Uruguay ratificó en noviembre de 2006 la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
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