La votación en el Congreso que mantuvo al magistrado como presidente de la Sala Segunda de esa instancia minimiza la importancia del cargo, debilita el sistema parlamentario y aumenta la desconfianza en las instituciones públicas”, expresaron los descontentos en un comunicado enviado a la Asamblea Legislativa (parlamento).
Los sufragios favorables a mantener a Sánchez ocho años más en el puesto –destaca el texto- no abordaron con seriedad las denuncias contra el juez sobre violencia sexual y otros actos contra las mujeres, así como su desempeño deficiente en la CSJ, que acumula atrasos en unos 800 expedientes.
La decisión de los diputados envía un mensaje negativo a las mujeres víctimas de violencia sexual y sugiere que ellas no encontrarán el apoyo necesario en las instituciones estatales, afirma el comunicado. Las organizaciones y activistas independientes consideraron preocupantes las demoras en solucionar los casos judiciales por el atraso que implican en la revisión de casos en materia familiar y laboral, respecto a los que “una justicia pronta y cumplida es esencial para las personas más vulnerables”.
Los entes sociales firmantes de la declaración incluyen a la Asociación Ciudadana Acceder, Concertación Interamericana de Mujeres Activistas por los Derechos Humanos, Alerta Costa Rica y a las también feministas La Corriente, Peras del Olmo, y Casa Cuna el Rinconcito, de Nicoya.
También firman la comunicación de protesta el Observatorio de Medios de comunicación y Género, Guana Defensoras, Ni Una Menos, Red Feminista contra la Violencia Hacia las Mujeres, Trans Vida, Por el Derecho a Decidir, y Grupo de trabajo Cedaw.
El Congreso reeligió el 2 de septiembre por votación dividida a Sánchez como presidente de la Sala II, en medio de críticas contra sus funciones y una denuncia por un supuesto acto de acoso sexual.
Medios de prensa reseñaron el apoyo a la reelección del magistrado por los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Nueva República, mientras los opuestos a su continuidad en el puesto carecieron de la mayoría calificada (38 diputados) para vetar al juez.
Otras formaciones contrarias a la reelección del funcionario de la Sala Segunda, entre ellos el Frente Amplió, justificaron esa posición con las citadas acusaciones y cuestionamientos, entre ellos los de acoso sexual y atraso en la tramitación de cientos de expedientes que debió gestionar el juez.
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