En la capitalina Torre de Tribunales, la jueza Claudette Domínguez argumentó que el acusado posiblemente autorizó la contratación de más de 157 plazas asignadas a miembros de la Junta Directiva del Legislativo, Dirección General y Administrativa, con salarios propuestos y aprobados por él.
Descartó que las contrataciones y pago se hicieran con base a las leyes, mientras el Ministerio Público (MP) solicitó la prisión preventiva de Rabbé por existir peligro de fuga.
Argumentó que desde el 2016 se giró una orden de captura en su contra, y ese mismo año abandonó el país, refugiándose en México, por lo que se solicitó su extradición.
En 2019 el exdiputado solicitó amparos para evitar ser extraditado, agregó el MP.
Domínguez aceptó el requerimiento del MP y envió a prisión preventiva al expresidente del Parlamento.
El pasado 8 de agosto el Ministerio de Gobernación confirmó la extradición y deportación de Rabbé desde México, tras ocho años fuera de la nación.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (2006-2019) lo acusaron por supuesta implicación en el caso Plazas Fantasmas, debido a 164 puestos otorgados a personas sin el perfil adecuado.
Además, determinaron que autorizó 42 adicionales con salarios que oscilaban entre siete mil quetzales (casi 900 dólares) y 20 mil quetzales (cerca de dos mil 600 dólares), para beneficio propio como de otros congresistas.
Estas acciones, según el ente investigativo, facilitaban la sustracción de fondos públicos en detrimento del patrimonio del Congreso.
Dos días antes de que la Corte Suprema de Justicia le retirara su inmunidad en agosto de 2016, Rabbé salió del país, por lo cual el 5 de septiembre emitieron una orden de captura en su contra.
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