La Fiscalía del Crimen Organizado archivó sumariamente la denuncia de Santiváñez contra el capitán Junior Izquierdo y otros miembros de la Policía Nacional, a los que acusó de integrar una organización criminal, cuyo objetivo era desestabilizar al Gobierno.
El oficial fue objeto de denuncias como represalia, según su abogado José Carlos Mejía, porque reveló afirmaciones graves que el titular hizo en una conversación entre ambos, grabada por el policía.
Según Izquierdo, Santiváñez supuestamente dijo que la presidenta Dina Boluarte lo nombró en el encargo para que desactivara la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía y que el automóvil oficial de la mandataria fue usado para evitar la captura del clandestino dirigente político Vladimir Cerrón.
La racha de denuncias contra el capitán continuó, según Mejía, con un nuevo proceso policial abierto por la Inspectoría de la Policía Nacional, basado en la afirmación de un diario sensacionalista, según el cual Izquierdo consumiría drogas.
Santiváñez niega que su voz sea la registrada en el audio y, al comparecer en días pasados ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, dijo que un perito contratado por él analizó la grabación y dictaminó que es cierto lo que afirma el ministro.
Sin embargo, el diario La República publicó un dictamen de la Corte Suprema sobre un proceso anterior, que rechaza un peritaje del contratado por Santiváñez, Víctor Barrientos, porque el autor no es experto en fonética ni en informática, por lo que no puede acreditar la veracidad o la falsedad de un audio.
Además, el abogado Mejía declaró que los audios entregados por Izquierdo fueron analizados con el software Cellebrite, considerado infalible, el cual confirmó que las grabaciones “son genuinas, confiables y no han sido manipuladas”.
Entretanto, la congresista Susel Paredes declaró que solo le faltan dos firmas para completar las necesarias, en aras de pedir que el ministro del Interior sea interpelado por el pleno del Congreso.
La presentación de Santiváñez ante la Comisión de Fiscalización, el viernes último, fue considerada insatisfactoria y plagada de contradicciones por congresistas de diversas bancadas y medios de prensa, que critican sus afirmaciones sobre avances en la lucha contra la descontrolada criminalidad.
En contraste con lo que exponía el ministro, ese mismo día se conoció del asesinato de dos topógrafos y una técnica, ultimados a balazos por sicarios, en la norteña ciudad de Sullana, según la prensa, por problemas de extorsión, delito generalizado en Perú.
Y entre la noche del viernes y la mañana del sábado últimos, en Lima hubo cuatro asesinatos perpetrados también por sicarios, que casi a diario cometen un crimen.
En esa misma ciudad, un día antes de los crímenes, la caravana de automóviles de la presidenta Boluarte fue apedreada por pobladores que, entre otros reclamos, exigían seguridad ciudadana y castigo para los autores de los asesinatos allí registrados.
De otro lado, un informe oficial reveló que entre 2021 y agosto de 2024 la Policía Nacional (PN) expulsó a cuatro mil 482 miembros de sus filas, en tanto, el promedio de este año podría alcanzar a cuatro por día.
Los expulsados fueron inculpados por narcotráfico y corrupción, entre otros delitos, o infracciones reglamentarias, parte de ellos habrían sido defendidos por el ministro, quien hasta su designación como viceministro, posición desde la cual accedió al despacho presidencial, era conocido como abogado de Policías.
Ese y otros problemas de la Policía motivan críticas a una ley aprobada por el Parlamento conservador, que asigna a la Policía hacerse cargo de las investigaciones iniciales de delitos, de lo que el titular del Interior es uno de los más denodados defensores.
El Ministerio Público cuestiona la norma, invocando la Constitución, según la cual los fiscales dirigen las pesquisas en todas las etapas y la Policía carece de personal calificado, además de tener limitaciones logísticas y de equipamiento para esa tarea.
El exfiscal Anticorrupción Martín Salas señaló que la nueva ley significa un retroceso de 40 años a la época en que la Policía investigaba sin la presencia de un fiscal y eran constante las extorsiones, secuestros y torturas policiales, lo que invalidaba las pruebas en los procesos judiciales.
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