El juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, declaró improcedente el archivamiento, lo cual implica el avance del proceso hacia el juzgamiento de Castillo, quien fue destituido y cesado hace un año y nueve meses por intentar disolver el Congreso (parlamento).
La decisión del juez se extiende a los ex primeros ministros del breve gobierno de Castillo, Aníbal Torres y Betssy Chávez, así como a quienes fueron sus titulares de Comercio Exterior, Roberto Sánchez (actualmente congresista) y del Interior, Willy Huerta, y los oficiales de la Policía Jesús Venero, Eder Infanzon y Manuel Lozada.
Los pedidos de sobreseimiento de Castillo y su co-acusados argumentaron que el intento presidencial de disolver el Legislativo no constituye delito, porque la imputación por rebelión, por ejemplo, según el Código Penal, se comete mediante el alzamiento colectivo en armas.
La defensa del exmandatario sostiene que este no encabezó una rebelión armada, mientras la Fiscalía alega que el hecho de haber pedido el apoyo de las Fuerzas Armadas, lo cual le negaron, configura el delito de rebelión.
Sin entrar a debate de fondo, el juez Checkley determinó que los argumentos, cuestionamientos y pruebas deben ser planteados y evaluados en el juicio público.
El Ministerio Público pide 34 años de prisión para Castillo, por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública; 25 años de prisión para los demás imputados, salvo para el ex primer ministro Torres, para quien solicita 15 años de encierro.
oda/mrs
