Al menos seis republicanos, incluidos conservadores de línea dura y halcones de la defensa, dijeron que votarán en contra de la táctica de Jonhson de financiación del gobierno, que combina una resolución continua (CR) de seis meses con un proyecto de ley respaldado por el expresidente Donald Trump que requiere una prueba de ciudadanía para votar.
En una conferencia a puerta cerrada celebrada este martes, Johnson, está animando a los miembros de su partido, que controlan la Cámara Baja, a apoyar su propuesta de gastos, reseñaron medios locales.
La iniciativa no está claro si podrá aprobarse en la Cámara de Representantes, lo cual presagia un escenario embarazoso porque los republicanos solo pueden darse el lujo de perder a cuatro de sus miembros si todos los demócratas votan «no» y hay asistencia completa.
Sin embargo, Johnson sigue adelante con su plan, argumentando que la importancia de la legislación, especialmente la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE), exige una votación en el pleno.
«Vamos a poner la Ley SAVE y la CR juntas y vamos a hacer que avancen en el proceso», señaló el speaker la mañana de este martes a los periodistas.
El proyecto enfrentará su primera prueba durante esta jornada, cuando la Cámara Baja tiene previsto celebrar una votación de procedimiento sobre la legislación de gasto. Si avanza, se fijó un sufragio para mañana sobre el proyecto de ley subyacente.
Evitar el cierre parcial del gobierno es una de las batallas que en breve comenzarán en el Congreso a menos de un mes de la fecha límite del 30 de septiembre, cuando se agotarán los fondos federales.
Los conservadores aumentaron los pedidos en los últimos meses para una medida provisional que se extienda más allá de diciembre, con la esperanza de que Trump regrese al Despacho Oval en enero.
Hay congresistas que cuestionaron la vinculación de la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE, por sus siglas en inglés) a una CR, alertando que es casi seguro que una medida de ese tipo será rechazada por el Senado.
La lucha por el gasto también se produce cuando los legisladores de ambos bandos dieron la alarma sobre un déficit presupuestario de aproximadamente tres mil millones de dólares en el Departamento de Asuntos de Veteranos, otro obstáculo que el Congreso debe enfrentar este mes, agregó el periódico.
A principios de este verano el departamento alertó al Capitolio que millones de veteranos corren el riesgo de interrupciones en los pagos de beneficios en octubre si el Congreso no logra actuar antes del 20 de septiembre.
ro/dfm
