Tras la excarcelación del exgobernante que interrumpió la pena de 25 años dictada en 2009 que cumplía por crímenes de lesa humanidad y corrupción, la Procutadoría Anticorrupción hizo notar que Fujimori tenía una deuda de 57 millones de soles (aproximadamente 15 millones de dólares).
La obligación corresponde a la reparación civil por los delitos por los que fue sentenciado y de la que no pagó ni un centavo, alegando insolvencia.
El abogado penalista Andy Carrión declaró al diario El Comercio que el Estado no podrá cobrar esa deuda porque se trata de una obligación individual y “personalísima” que no puede legarse a los herederos, salvo la parte que corresponde a la sentencia por crímenes de humanidad.
“El responsable era él, no los deudos. Muerto él, ya no tendría manera de exigirse la reparación”, dijo el jurista César Delgado, aunque su colega sostuvo que la deuda “no se extingue, se traspasa a los deudos, que heredan todo, pasivos y activos”.
El problema es que la Procuradoría Anticorrupción, que podía embargar los bienes del sentenciado, advirtió que el finado no tenía ninguna propiedad a su nombre y tampoco dejó herencia a sus hijos.
De otro lado, el exmandatario tenía pendiente dos juicios por las matanzas de Pativilca y Chavimochic que, como las antes mencionadas, fueron cometidas por el Grupo Colina, destacamento militar ilegal que ejecutaba a sospechosos de terrorismo.
De esas masacres, los casos Pativilca y Chavimochic, el primero estaba judicialmente muy avanzado y se proyectaba la sentencia para diciembre próximo; y el juicio por el segundo no había comenzado.
lam/mrs
