Durante el acto de posesión de Claudia Expósito, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, el mandatario se refirió al ataque ocurrido con artefactos explosivos artesanales en las primeras horas de la tarde en Puerto Jordán, Arauca.
“Las consecuencias de las acciones y del flujo de la historia hoy nos traen un hecho dramático, repetido en nuestros últimos años, una volqueta cargada de explosivos que hiere a 27 jóvenes y mata a dos, puesta por el ELN, con quien conversábamos de paz”, afirmó.
A continuación, estableció un paralelismo entre los actos de esta jornada con los ocurridos en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá en 2019, donde murieron 22 jóvenes en una explosión atribuida a la misma agrupación insurgente.
“Y otra vez como sucedió aquí cerca, en la escuela de la policía, que murieron muchísimos agentes de policía, alféreces que estaban estudiando allí, pues prácticamente es una acción que cierra el proceso de paz con sangre”, sentenció.
El gobierno de Colombia y el ELN reanudaron las pláticas de paz en noviembre de 2022 en Caracas, Venezuela, a escasos tres meses de que el presidente Petro llegara al poder.
En agosto de 2023 declararon un cese al fuego Bilateral, Nacional y Temporal durante seis meses, que luego fue prorrogado por otro medio año hasta que expiró a inicios del mes pasado debido a la imposibilidad de las partes de llegar un acuerdo.
Una de las mayores discrepancias surgió cuando el ELN informó que retomaría la práctica de las retenciones económicas en respuesta al incumplimiento del Gobierno frente a la creación y puesta en marcha del Fondo Multidonante para el Proceso de Paz, según alegó.
En ese entonces, la delegación gubernamental en la Mesa de Diálogos instó a esa guerrilla a mantener el compromiso de detener las retenciones.
Pese a eso, un momento significativo fue la firma del acuerdo sobre el primer punto de la agenda de los diálogos, realizado el pasado 25 de mayo en Caracas, y cuyo contenido reconoce el proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz.
Después de esa fecha, sin embargo, no hubo más avances en la mesa, a la que el ELN declaró congelada, y las recriminaciones de uno y otro lado comenzaron a crecer.
Otro de los roces consistió en que el ELN atribuye a un plan organizado desde el gabinete del presidente, Gustavo Petro, y oficiado por su consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, el surgimiento de una “supuesta disidencia” de esa estructura en Nariño.
La delegación del Gobierno catalogó entonces como una ficción que el ELN atribuyera a una estrategia del aparato ejecutivo la existencia de lo que denominó como una crisis interna de esa estructura, y que terminó en la separación del Frente Comuneros del Sur.
El más reciente motivo de las desavenencias se debió al reclamo del ELN de que se les eliminara de la lista de Grupos Armados Organizados, conocida como GAOS, a lo que el consejero comisionado para la paz respondió que era una condición muy difícil de cumplir pues requería de la aprobación de una ley.
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