El 11 de julio, seis legisladores de LLA se reunieron en el penal de Ezeiza con Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez (hijo), Antonio Pernías y Adolfo Donda, juzgados y encarcelados por secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer personas, incluidos niños, durante la última dictadura cívico-militar en este país (1976-1983).
El hecho fue fuertemente condenado por organizaciones políticas, sindicales y sociales que denunciaron el negacionismo de crímenes de lesa humanidad y la existencia de un plan para sacar de la cárcel a los responsables de los mismos.
En las últimas horas, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otras agrupaciones, enviaron una nota a los bloques que integran la Cámara de Diputados para demandar sanciones a los implicados y exigir el fin de la impunidad
Dichas entidades expresaron su preocupación por lo sucedido, lo cual consideraron de alta gravedad y sin antecedentes.
Además, pidieron a esa instancia del Congreso investigar lo ocurrido a fin de determinar la responsabilidad de las autoridades involucradas y tomar las medidas necesarias para que hechos como ese no se repitan.
Asimismo, advirtieron que esa visita fue parte de una serie de encuentros sostenidos entre legisladores de LLA y personas condenadas con el objeto de delinear, en conjunto con el exmagistrado Eduardo Riggi, una jueza de la nación y varios abogados, estrategias para garantizar su impunidad.
Consideramos que para continuar consolidando nuestra democracia es fundamental que se sostenga el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia. En este sentido, si quienes integran el Poder Legislativo incurren en conductas contrarias a lo que establecen nuestra Constitución y los tratados internacionales, es fundamental que en su ámbito de desempeño se produzca una respuesta acorde en un tiempo razonable, señala la nota.
El plan de impunidad del que son parte los diputados cuestionados junto con otros agentes públicos colisiona con las obligaciones del Estado que imponen la investigación, juzgamiento y sanción de responsables de crímenes de lesa humanidad y la reparación integral de sus víctimas.
La gravedad de la situación demanda que los miembros de la Cámara tomen una decisión y que lo hagan de cara a la sociedad que los votó, concluye.
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