En un acto, donde el gobierno entregó a esta población la propiedad de las tierras, Lula declaró que «se hizo justicia».
«No es posible entender por qué tanta gente tuvo que ser expulsada para construir una base de lanzamiento de cohetes», subrayó el jefe de Estado en el cato celebrado en el municipio de Alcântara, en el estado de Maranhão.
Con ese paso suman cientos las personas beneficiadas con la restitución de la propiedad de las tierras de las que fueron desplazadas en 1980 para llevar la construcción de un centro espacial y una base de lanzamiento de satélites.
En ese escenario, el presidente expresó a los pobladores su compomiso para promover el desarrollo de esas comunidades.
Dijo que su producción rural pasará a ser parte de un programa nacional mediante el cual el Gobierno adquiere alimentos de la agricultura familiar para abastecer a las escuelas, prisiones y otras instituciones públicas.
En 1980, la dictadura militar que gobernaba en la época desplazó a parte de las comunidades de Alcântara y determinó que sus tierras pasaran a ser de ‘utilidad pública’, a fin de proceder a la construcción del centro de lanzamientos espaciales.
Las comunidades quilombolas son comunidades afrodescendientes caracterizadas por sus modos de vida tradicionales y territorios ancestrales, con una trayectoria histórica y una identidad cultural propia desarrollada a lo largo de relaciones específicas con el entorno, marcadas por prácticas de resistencia frente a diversas formas de dominación.
El Estado brasileño los reconoce como sujetos de derechos colectivos, con procedimientos establecidos en la legislación para garantizar su territorio, con entidades estatales encargadas del proceso de identificación, demarcación y titularidad colectiva de sus tierras.
En 2008, las comunidades quilombolas fueron equiparadas a los pueblos indígenas en términos de protección por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El primer lanzamiento de la base aeroespacial de Alcântara tuvo lugar en 1990, desde entonces los quilombolas de Alcântara denunciaron en tribunales, hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la cual el Estado brasileño, en 2023, reconoció su culpa y se comprometió a cumplir con la debida reparación.
Con este acto del gobierno de Lula da Silva, su administración cumple con la población del Territorio Quilombola de Alcântara que queda constituido por 78 mil 105 hectáreas, declaradas ahora de ‘interés social’ y cuya propiedad pasará a ser de tres mil 350 familias de 152 comunidades, en zonas vecinas a la base espacial.
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