Los juristas conservadores Ernesto Blume y Domingo García Belaúnde argumentaron que el fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena, no tiene autoridad para investigar a Boluarte porque no ha jurado el cargo ante la jefa de Estado.
La defensa de Villena refutó a los abogados y explicó que Villena, como fical de la Nación interino, tiene plenas facultades para indagar a altos funcionarios, como la mandataria, en tanto se elija a un nuevo titular del Ministerio Público.
Tras la audiencia, los abogados intentaron victimizar a la mandataria, afirmando que es objeto de ensañamiento y excesos.
“Hay un ensañamiento, una minimización de su imagen y un constante ataque, convirtiéndola prácticamente en un ‘chivo expiatorio’, una especie de piñata colectiva”, dijo Blume.
García Belaúnde calificó como “show mediático” el allanamiento de la casa de Boluarte, en el que se encontraron algunas evidencias, según la Policía que realizó la operación junto a la Fiscalía y por orden de un juez.
El también abogado de la presidenta, Domingo García Belaunde, calificó como un «show mediático» y un maltrato el allanamiento de la casa de la gobernante en busca de pruebas sobre el uso por Boluarte de joyas de gran valor no incluidas en su declaración patrimonial.
La conservadora presidenta del TC, Luz Pacheco, dijo que la corte tomará 30 días útiles para deliberar antes de anunciar si anula o no las pesquisas.
De otro lado, la versión digital del diario La Republica criticó una orden gubernamental que declara secreta la información sobre la seguridad presidencial, después que la Comisión de Fiscalización del Parlamento pidió infomación sobre los desplazamientos del automóvil oficial de la mandataria.
Según el diario, la medida es otro intento del Ejecutivo de bloquear investigaciones a la mandataria, pues la comisión pidió conocer esa información pues el vehículo fue visto meses atrás cerca de una frustrada operación de búsqueda del dirigente político Vladimir Cerrón.
El hecho dio lugar a versiones de prensa sobre el supuesto uso del automóvil para la fuga de Cerrón, lo que ha sido negado por el primer ministro, Gustavo Adranzén.
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