Para el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marcos Andrade, no se trata de un diálogo como anticiparon en los anuncios de este proceso, sino de un conversatorio donde el Ejecutivo es juez y parte al erigirse facilitador de estas pláticas y donde los trabajadores se sienten irrespetados.
Al intervenir en la mesa sobre la estatal Caja de seguro Social (CSS), Andrade rechazó recientes declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, en las que acusa a las organizaciones sindicales de ser responsables de la “maleantería” y la actual crisis financiera y debacle que signa a esa entidad pública.
En ese sentido, afirmó que en todos estos años el sector obrero ha sido minoría en la Junta Directiva de esa institución donde predominan funcionarios del Ejecutivo y el empresariado privado, sobre los cuales pesa la evasión fiscal o la morosidad en el pago de las cuotas obrero patronales.
Son los mismos que ahora fungen con Mulino como funcionarios o asesores de la entidad que destruyeron antes y de la cual se han robado cifras millonarias, según explicó para luego enfatizar en que este tipo de proceso impulsado por el Ejecutivo viola la autonomía de la CSS.
Por su parte, Jorge Guzmán, también de Conusi, dijo en la mesa sobre prestaciones médicas, que se atenta contra conceptos básicos de un diálogo como la neutralidad del moderador, los tiempos, o los consensos sobre los puntos a debatir.
Sería más honesto que el Gobierno presente de una vez su proyecto de anteproyecto de Ley que espera apruebe la Asamblea General (parlamento) a finales de año y no simule un diálogo preconcebido en unas 12 sesiones, en el que simulan que vinieron a escuchar propuestas de todos los sectores, lo cual es un engaño, acotó.
En el caso de la falta de medicamentos, otro de los temas que se discuten, agregó, el Ejecutivo no puede ser un moderador imparcial porque es parte del problema o de su posible solución, y de ninguna manera cuestionarán los oligopolios del sector farmacéutico que controlan los productos e imponen los altos precios. “Si queremos resultados debe ser un diálogo de igual a igual “, remarcó.
Según ha anunciado el jefe de Estado, estas mesas de trabajo deben concluir antes del 31 de octubre para a fines de este año poder presentar al poder legislativo un proyecto que una vez sancionado permita desde 2025 enfrentar el alto déficit financiero de la CSS, cuyas reservas estarán agotadas en detrimento de miles de jubilados y pensionados.
Por su parte, la alianza Pueblo Unido por la Vida convocó para inicios de octubre a una multitudinaria marcha de los colectivos que terminará en la Presidencia, en esta capital, para entregar un amplio pliego de demandas en defensa de la justicia y la equidad social.
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